• La confrontación con periodistas pasa de la mañanera a las listas públicas y al terreno regulatorio. El riesgo no es sólo el discurso oficial, sino que el poder termine utilizando recursos, reglas y concesiones para hacer económicamente más costosa la crítica.
Ernesto Madrid
Hay una paradoja difícil de ignorar en el llamado Segundo Piso de la Transformación: el gobierno que llegó prometiendo ampliar derechos y combatir viejas prácticas del poder parece haber descubierto una fórmula mucho más sofisticada para relacionarse con la prensa incómoda: primero exhibirla, después señalarla y finalmente regular el terreno donde trabaja.
La secuencia resulta reveladora. El PAN plantea que la mañanera tenga un verdadero mecanismo de derecho de réplica y la respuesta presidencial es: “que den su conferencia”. Un día antes, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó desde Palacio Nacional una lista de periodistas, medios, políticos y organizaciones a los que atribuyó formar parte de un supuesto “ecosistema de amplificación” contra la 4T.
El problema no es que el gobierno responda a sus críticos. El problema aparece cuando el gobierno utiliza la tribuna, el aparato institucional y los recursos públicos para identificar públicamente a quienes considera adversarios.
Eso cambia la naturaleza de la discusión.
Porque una cosa es ejercer el derecho de réplica y otra muy distinta convertir la réplica en una suerte de expediente político de los críticos del poder. Y resulta todavía más delicado cuando, simultáneamente, se discuten nuevas reglas para los medios, defensores de audiencias, sanciones y responsabilidades que pueden tener consecuencias económicas.
Aquí aparece el segundo nivel de la estrategia.
La crítica ya no tendría que ser necesariamente censurada de manera directa. Puede volverse suficientemente cara como para que los propietarios de los medios comiencen a pensar dos veces a quién mantienen frente al micrófono.
Ese es precisamente el punto que Carlos Loret ha colocado sobre la mesa al revelar que, en discusiones internas sobre la regulación de medios electrónicos, se habrían identificado nombres concretos de empresas y periodistas incómodos. Si esa versión se confirma documentalmente, estaríamos frente a algo mucho más serio que una disputa política: el intento de convertir la regulación en mecanismo de presión económica sobre la crítica.
Y aquí aparece una ironía mayor.
Las redes sociales fueron durante años presentadas por la 4T como las “benditas redes” capaces de romper el monopolio informativo de los medios tradicionales. Hoy, algunas de esas mismas plataformas se han convertido en uno de los principales espacios donde se confronta la narrativa oficial.
Lo mismo ocurre con la comunicación gubernamental. El ejercicio de Quién es quién en las mentiras, encabezado durante el sexenio anterior por Liz Vilchis, pretendía exhibir a quienes, según el gobierno, desinformaban. El problema es que desmentir desde el poder también exige rigor; de lo contrario, el supuesto árbitro termina convertido en parte del partido.
Y mientras tanto está Regeneración, publicación vinculada a Morena, financiada y distribuida como instrumento de propaganda política. Cuando un gobierno acusa a los medios críticos de manipular la información mientras su propia estructura partidista publica quiénes son los “buenos” y quiénes los “enemigos”, la discusión deja de ser sobre periodismo y empieza a ser sobre quién controla el relato público.
La pregunta, entonces, no es si Claudia Sheinbaum tiene derecho a responder a sus críticos. Por supuesto que lo tiene. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿Estamos construyendo un verdadero derecho de las audiencias o un nuevo sistema para disciplinar económicamente a los medios y periodistas que no quieren alinearse con el poder?
Porque la censura moderna no necesariamente llega con una orden de cerrar un periódico; a veces llega disfrazada de regulación, de multas, de “defensores de las audiencias”, de listas de críticos y, sobre todo, de una negociación silenciosa con los propietarios de los medios.
Y ahí está el verdadero riesgo: que el gobierno no tenga que callar a los periodistas; le baste con conseguir que sus propios medios decidan que ya no vale la pena dejarlos hablar.
@JErnestoMadrid
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