CIUDAD DE MÉXICO — El Estado mexicano enfrenta un riesgo estructural de caer en una crisis fiscal si no incrementa sustancialmente sus ingresos tributarios antes del año 2028, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. De no fortalecer las finanzas públicas, alertó que los apoyos sociales y derechos consagrados en la Constitución corren el peligro de terminar como «meras ilusiones».
En entrevista para Proceso, en el marco de la discusión del Paquete Económico 2027, el legislador señaló que el margen de maniobra financiero se está agotando. A pesar de los incrementos recaudatorios logrados entre 2018 y 2026 —equivalentes a poco más de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB)—, México se mantiene entre los países con menor fortaleza fiscal de América Latina y de la OCDE, situándose en el lugar 22 de 28 miembros evaluados.
Presiones presupuestales al límite
Ramírez Cuéllar detalló que las finanzas del país se encuentran sofocadas por obligaciones ineludibles:
* Pensiones y deuda pública: El gasto en pensiones contributivas y no contributivas asciende a 1.2 billones de pesos. Al sumar el servicio de la deuda soberana, ambos rubros absorben casi el 70% del presupuesto federal, dejando un margen operativo sumamente estrecho.
* Compromisos de inversión: El país requiere sostener un gasto masivo en infraestructura pública y privada para alcanzar una inversión física equivalente al 28% del PIB hacia 2030, meta contemplada dentro del llamado Plan México.
* Fragilidad subnacional: Persiste una notable debilidad tributaria en estados y municipios, lo que restringe su capacidad para financiar proyectos locales.
A este escenario se suman las advertencias de calificadoras internacionales como Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s respecto a la trayectoria de la deuda soberana, el sostenimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el riesgo latente de perder el grado de inversión.
Pérdidas por ilegalidad y alternativas tributarias
El diputado enfatizó que la merma fiscal no sólo proviene de limitaciones en el marco tributario, sino también de «tres grandes boquetes»: el robo de combustible (huachicol), la emisión de facturas falsas y la extorsión. En conjunto, estas actividades ilícitas drenan más de dos puntos porcentuales del PIB nacional.
Frente a este panorama, Ramírez Cuéllar subrayó que no debe temerse al debate de una reforma fiscal progresiva que permita alcanzar una recaudación cercana al 20% del PIB hacia 2030. Entre las alternativas planteadas para su análisis figuran:
* Gravámenes específicos a las grandes fortunas.
* Impuestos al comercio digital y a la inteligencia artificial.
* Medidas de fiscalización sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) para combatir esquemas de evasión.
Para el legislador, la viabilidad del modelo de bienestar dependerá de forjar un acuerdo nacional entre trabajadores, sector empresarial y los tres órdenes de gobierno antes de alcanzar el punto de no retorno estimado en 2028.