El escándalo Taddei metió al INE en una crisis de credibilidad y confianza que solo los necios pueden negar y de la que urge sacarlo porque solo faltan seis meses para las elecciones federales intermedias y las concurrentes estatales por diecisiete gubernaturas.

La única manera de salvar esa crisis y así la legitimidad de los comicios del próximo 6 de junio parece ser la designación por consenso unánime de todos los partidos políticos, de quien ocupe la presidencia del órgano electoral.

Si esa designación se hace sin consenso y solo queda en manos de la mayoría de Morena y sus aliados o, peor aún, en una tómbola -por no haberse alcanzado la votación calificada- la crisis del INE no se remontará, advierten quienes lo han presidido y al menos una veintena de sus exconsejeros electorales.

 

Una referencia sobre la credibilidad ciudadana en el órgano electoral tras el escándalo de corrupción que incrimina a su expresidenta Guadalupe Taddei, la aportan encuestas recientes que confirman un claro deterioro al marcar entre 40 y 62 por ciento de poca o nula confianza en que organice y realice elecciones limpias en 2027 (EL UNIVERSAL 62.2%, Atlas Intel para Bloomberg 48%, El Financiero 48% y Mitofsky 40%). Además, un promedio de ocho de cada diez encuestados percibe una corrupción extendida en el INE.

El pasado miércoles 18 de noviembre, los expresidentes del Consejo General del IFE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, así como del INE, Lorenzo Córdova hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que sea con el consenso de todas las fuerzas políticas en ella representadas, la designación de quien sustituirá a Taddei, toda vez que el proceso correspondiente sigue atorado en esa instancia legislativa.

 

En la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro se ha planteado con toda claridad que el consenso sería el mejor de los escenarios. De otra manera el nombramiento nacería muerto, reconoció su presidente, Ricardo Monreal, líder de la mayoría legislativa de Morena.

 

Pero lo que para el oficialismo sería el mejor de los escenarios, para la oposición política es el único, no acepta otro. Por eso no hay un punto de acuerdo mínimo que permita emitir la convocatoria correspondiente para la designación del presidenta o presidente del INE y de los integrantes del comité técnico que calificaría a las y los aspirantes al cargo.

 

Por el lado del PAN se ha externado voluntad de construir el consenso, aunque ha puesto condiciones “irrenunciables” de las que le contaba aquí en la entrega pasada.

 

En resumen son las siguientes: ampliar de cuatro a ocho años el periodo durante el cual no hayan ocupado cargos de dirección partidista quienes integren el comité técnico de selección de aspirantes; excluir de él a funcionarios en activo o personas con vínculos recientes con gobiernos y autoridades electorales y que, quienes pretendan conformarlo, sean sometidos a consulta en instituciones académicas de prestigio; incorporar observadores ciudadanos, académicos y representantes parlamentarios para vigilar las sesiones y el desarrollo del proceso; y revertir los llamados “superpoderes” de la presidencia del INE, para devolver más decisiones al órgano colegiado del consejo general y evitar concentrar facultades en una sola persona.

 

En este último punto Morena y aliados parecen estar de acuerdo, pero al igual que las otras propuestas panistas implicaría reformas constitucionales y legales que en este momento no pueden hacerse por estar en marcha un proceso electoral y con ello una prohibición expresa de ley. Los cambios, en todo caso, tendrían que comprometerse para pasados los comicios.

 

El PRI de plano se niega a ser partícipe de la negociación. La vía del consenso la ve, incluso, como una coartada. Acaso la aceptaría si se suma la reconfiguración total del consejo general lo que implicaría, también, reformas constitucionales y legales en materia electoral que en este momento son improcedentes por ley.

 

La pregunta es ahora si Morena y aliados echan por delante su mayoría legislativa para designar a la sucesora o sucesor de Taddei. Aritméticamente, la actual composición de la Cámara de Diputados les permite completar los 334 votos de la mayoría calificada necesaria, pero enfrentan el riesgo de que el PT, en medio de sus reclamos por la designación de candidatos a las gubernaturas en al menos Michoacán y Nuevo León, escatime sus votos y repitan la dosis que hizo naufragar a principios del año la reforma electoral de Claudia Sheinbaum que, entre otras cosas, proponía cambios en la conformación de la representación proporcional del Congreso.

 

Si no se logra la mayoría calificada tendría que optarse por la insaculación, como ocurrió con Taddei, con lo que el nombramiento nacería doblemente muerto, aunque también existiría la opción de mantener un consejo general de diez integrantes, con Blanca Cruz García como presidenta interina que prácticamente anularía la credibilidad y confianza en el INE como árbitro electoral en los comicios del año próximo.

 

Ilegitimidad en el origen

 

El origen del Instituto Federal Electoral (IFE) fue una crisis de legitimidad que estalló con la sospechosa elección presidencial de 1988, en la que el sistema electoral se “cayó” y “calló” para arrebatarle el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y avalar el de Carlos Salinas de Gortari.

 

Su construcción institucional tomó de 1990 a 1994 aún con el gobierno conduciendo las elecciones al frente del flamante organismo. En los siguientes dos años, la secretaría de Gobernación siguió al frente, pero se abrió espacio a los consejeros electorales ciudadanos.

 

Fue con la reforma electoral de 1996 cuando el IFE se “ciudadanizó” completamente y se sacudió la dependencia del gobierno. Su consejo general lo presidió José Woldenberg, acaso el mejor presidente que ha tenido el organismo electoral. Su designación fue producto de un acuerdo de consenso unánime en la cámara de Diputados como el que ahora se reclama.

 

Woldenberg era visto como independiente, aceptable para la izquierda (PRD) y sin rechazos del PAN ni del PRI. Condujo al IFE en las elecciones presidenciales de 2000 y garantizó que el voto contara y bien se contara. La ciudadanía ordenó la alternancia en el poder: ganó el PAN y con él Vicente Fox. Terminaron 70 años de gobiernos del PRI. La credibilidad y la confianza en el órgano electoral llegó a su punto más alto.

 

Seis años después, sin embargo, el IFE viviría la peor crisis postelectoral de la que se tenga registro en la historia reciente del país. Fue por una elección bajo sospecha de fraude, la presidencial de 2006. El gobierno de Fox, junto con el PAN, el PRI, las mayorías legislativas y el empresariado, habían hecho de todo durante la campaña para descarrilar la candidatura perredista de AMLO. La noche de la elección, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde (hombre cercano a los intereses de Elba Esther Gordillo y con ella a los de Felipe Calderón, designado con el voto legislativo solo del PAN y del PRI) no dio a conocer la noche de los comicios una tendencia ganadora pues los resultados estaban muy cerrados. Finalmente, el panista fue declarado triunfador con una diferencia de 0.56 por ciento. López Obrador impugnó y desató una crisis poselectoral que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dirimió al reconocer que el gobierno de Fox había intervenido en las elecciones, pero nada más tantito.

 

Para paliar la crisis poselectoral de 2006 y la polarización social que generó, las fuerzas políticas gestionaron en 2007 una reforma electoral significativa que dotó al IFE de mayores atribuciones para fiscalizar recursos, supervisar la propaganda política partidista y gubernamental, administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, prohibir a partidos candidatos y terceros compra directamente espacios en la radio y la televisión, y endurecer sanciones a los infractores de esas normas.

 

La reforma de 2007 creó el contexto político para la designación, en 2008, de Leonardo Valdéz Zurita, un especialista en la materia más bien cercano a la izquierda. La cámara de diputados lo nombró mediante un amplio acuerdo político, pero no un consenso unánime. Pero el objetivo central de aquellos cambios, es decir, reducir la influencia del dinero en los medios para la propaganda electoral, no se cumplió los comicios presidenciales de 2012 en opinión del candidato perdedor del PRD, Andrés Manuiel López Obrador, quien acusó al ganador priista Enrique Peña Nieto de haber comprado los comicios.

 

De aquellos debates y tensiones políticas se llegó a una nueva reforma electoral, la de 2014, que transformó al IFE en INE para “homogeneizar la calidad de las elecciones federales y locales y reducir la influencia de los gobiernos estatales sobre los organismos electorales locales”. La enmienda creó el servicio profesional electoral, dio un marco legal más robusto a las candidaturas independientes, dio paso a la reelección legislativa y municipal consecutiva e hizo más estricta la fiscalización.

 

Lorenzo Córdova, quien ya era consejero electoral del IFE fue designado como primer presidente del INE el 3 de abril de 2014 mediante un acuerdo político amplio, más no un consenso unánime, al obtener 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones.

 

Tocó a él y al consejo general que presidía realizar la elección que llevó al poder en 2018 a AMLO, con quien a la postre sostendría fuertes confrontaciones. López Obrador pretendió y no logró, una reforma electoral profunda que incluía la elección popular de los consejeros electorales y una reestructuración importante del organismo, el llamado Plan A que no logró la mayoría calificada en el Congreso.

 

Tras fracasar esa iniciativa de reforma constitucional, López Obrador impulsó modificaciones a leyes secundarias para reestructurar la administración del INE, reducir sus recursos y costos operativos, y fusionar áreas administrativas. El llamado Plan B no superó el control constitucional de la Corte y el órgano electoral siguió funcionando como estaba. En términos prácticos, la ambiciosa reforma electoral propuesta por AMLO no prosperó, pero atizó la confrontación política entre su gobierno y la gestión de Córdova. En ese contexto nacieron las movilizaciones de respaldo al INE y el surgimiento del llamado movimiento rosa y del partido “Somos”. Córdova concluyó su período constitucional de nueve años en abril de 2023 y fue sustituido por Guadalupe Taddei quien al no alcanzar la mayoría calificada de la cámara de diputados fue escogida por tómbola.

 

Ese hecho y la cercanía a Morena que muchos le atribuyen incidió en su credibilidad ante las fuerzas políticas de oposición, lo que la mayoría oficialista del Congreso pretendió compensar liberándola de la obligación de someter a decisiones colegiadas del consejo general los nombramientos de sus principales funcionarios. Fue así que sacó adelante la elección de Sheinbaum en 2024 y ya con ella en el poder las elecciones de ministros, magistrados y jueces producto de la reforma judicial.

 

La actual legislatura aprobó una enmienda que vuelve a impedir la reelección en periodos consecutivos y más recientemente, la bancada del PT volvió regatearle apoyo a una propuesta de reforma electoral que planteaba modificar los términos de la representación proporcional, con lo que impidió que Morena construyera la mayoría calificada necesaria para aprobarla.

El escándalo de corrupción con contratistas que protagoniza Taddei la obligó a renunciar a la presidencia del órgano electoral.

Una interpretación resumida del anterior recuento es que Woldenberg construyó la legitimidad del IFE, Ugalde enfrentó su mayor crisis, Valdés ejecutó la reforma con que se pretendió superarla, Córdova administró la expansión del modelo hacia un INE nacional y Taddei acabó con su prestigio.

La gran ironía histórica es que la reforma más profunda al árbitro electoral de las últimas décadas, la que en 2014 negociaron el PRI, el PAN y el PRD, es la que creó a un INE al que la corrupción de quien lo presidió durante los últimos tres años y el exceso de atribuciones discrecionales que se le concedieron, lo han puesto en la lona y en vilo la elección de quien lo presida.

Instantáneas:

1. AL VIEJO ESTILO. La frase más reveladora de la conferencia convocada en Zacatecas por el líder nacional del PRI fue la más informal: “Y la verdad, lo que les voy a decir que no salga de aquí, tuvimos una gran reunión con nuestro amigo “Fito” Bonilla. Alejandro Moreno Cárdenas sabe que en política todo sale de ahí. O sea, lo dijo para que saliera. Ese “secreto” a voces es la vieja escuela priista: se anuncia la unidad con un guiño, se deja correr el rumor, se mide la reacción. Y la reacción, por lo menos en esa conferencia, fue de respaldo cerrado. Con la dirigencia estatal y el exgobernador Miguel Alonso presentes, el mensaje fue de disciplina. “Fito” Bonilla tendrá, como dijo “Alito”, “una enorme responsabilidad”. Porque no se trata solo de ser candidato, se trata de cargar con la reconstrucción del PRI en Zacatecas.

2. ¿Y EL DINERO? ¿Cuánto del dinero que paga el visitante extranjero se invierte en convencer al siguiente de venir a México? Ésa es la pregunta que David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, pone sobre la mesa con el aumento previsto del DNR para 2027. La respuesta tendría que poder leerse en el presupuesto: cuánto se destinará a promoción, en qué mercados se ejercerá y con qué resultados se evaluará. Para el sector hotelero, ahí empieza la discusión sobre la utilidad del cobro.

3. DINÁMICAS COMERCIALES. Con motivo de la participación de México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen, China, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara destacó que el estado cuenta con proyectos de infraestructura como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), orientada a conectar los océanos Pacífico y Atlántico, por lo que Oaxaca camina en la misma ruta del Plan México, una estrategia que compromete acciones para fortalecer la economía nacional con soberanía, cooperación y desarrollo con bienestar.

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