Miles de manifestantes que responden al expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. A media tarde, habían logrado ingresar con violencia al Palacio de Planalto, donde funciona el Poder Ejecutivo, al Congreso y al edificio de la Corte Suprema.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, decretó la intervención federal en Brasilia, lo que supone tomar el control de la seguridad de la capital, con el argumento de que el Gobierno estodual, en manos de la oposición bolsonarista, no había hecho lo suficiente para evitar los ataques.
La policía retomó el control de los tres edificios sobre las 17.00 (hora local) y detuvo a unos 400 de bolsonaristas acusados de intento de Golpe de Estado, un delito que se paga con hasta 12 años de cárcel. El presidente viajó desde Sao Paulo a Brasilia y recorrió personalmente los edificios destrozados.
El Tribunal Supremo ordenó el desalojo del campamento que los bolsonaristas habían montado frente a la sede del Ejército en Brasilia. Durante semanas, miles de personas exigieron desde allí una intervención militar para sacar a Lula, convencidos por Bolsonaro de que las elecciones habían sido amañadas. Bolsonaro hizo una tibia crítica a los ataques contra el Congreso y la sede del Ejecutivo. Dijo que estaba en contra de la invasión de edificios, pero justificó las protestas “pacíficas”. El expresidente está desde el 30 de diciembre en Orlando, Estados Unidos, adonde viajó para no tener que entregar la banda presidencial a Lula.
Desde el inicio del golpe se han sucedido las condenas de diversos líderes internacionales, como los jefes de Gobierno de Alemania o Reino Unido. También el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha condenado el asalto.
