CIUDAD DE MÉXICO — Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han puesto bajo la lupa al Instituto Nacional Electoral (INE). Las indagatorias documentan un esquema de adjudicaciones y triangulación de recursos por más de mil millones de pesos otorgados a un conglomerado de siete empresas vinculadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
De acuerdo con los expedientes, la relación entre este grupo corporativo y la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, se remonta al año 2014, periodo en el que Taddei encabezaba el instituto electoral en Sonora.
El origen de las indagatorias
El hilo de la investigación comenzó a desmarañarse en marzo de 2024, cuando la ASF detectó irregularidades en una adjudicación directa por 63 millones 241 mil pesos otorgada por el INE a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. Dicho contrato tenía como propósito la producción y distribución de materiales de simulacro para el proceso electoral federal 2023-2024.
Tras hallar indicios de triangulación de recursos hacia otras cuentas, la UIF intervino para indagar a fondo al conglomerado. Las autoridades descubrieron que al menos siete empresas operaban de manera coordinada, presentándose como supuestas competidoras en diversas licitaciones públicas para garantizar que los fallos siempre favorecieran al mismo grupo.
El entramado empresarial incluye a firmas como Cajas Graf, S.A. de C.V., Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., Corporativo Zeg, S.A. de C.V., Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Derivado de estas fiscalizaciones, la ASF mantiene bajo investigación irregularidades por un total de 514 millones de pesos que involucran directamente a Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.
Presencia en 13 estados a través de los OPLE
Los registros de auditoría revelan que el conglomerado de los hermanos Hernández Casillas ha concentrado contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con operaciones documentadas en al menos 13 entidades federativas desde 2014.
Entre los casos más destacados se encuentran el de Veracruz en 2018, donde Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018 por 141.7 millones de pesos para el suministro de paquetes electorales. En Jalisco, durante 2024, se le asignó a la misma empresa el contrato LPN-E-04-2024 por 102.1 millones de pesos. Asimismo, en Hidalgo se registran dos contratos con Cajas Graf por 68.9 millones y 65.9 millones de pesos, respectivamente.
En Oaxaca, durante 2021, el instituto local otorgó adjudicaciones directas y licitaciones a Corporativo Zeg por más de 68 millones de pesos en total, las cuales fueron autorizadas durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez, exsecretaria ejecutiva del órgano local y cercana a Guadalupe Taddei. De manera global, Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales suma 15 contratos en 11 entidades equivalentes a 540.1 millones de pesos.
Tráfico de influencias y conflicto de intereses bajo análisis
Las pesquisas ministeriales y administrativas analizan posibles conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses debido a los nexos entre funcionarios del árbitro electoral y los empresarios investigados.
Entre los puntos clave de la indagatoria destacan la relación personal documentada entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, así como el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área clave en la validación de compras institucionales.
Adicionalmente, se integró una línea de investigación en contra de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas desde las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, justificadas bajo los conceptos de préstamos y viáticos. Las autoridades federales continúan integrando las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades administrativas y penales en torno a este esquema de contrataciones en el sistema electoral mexicano.
