Como se sabe, serán 881 cargos entre ministros, magistrados y jueces federales los que se renovarán en elección popular extraordinaria del primer día de junio próximo.

  Tal cantidad sugiere de entrada un proceso de organización y realización muy complejo.

  Esa complejidad se agudiza conforme se cumplen los plazos de sus diferentes etapas.

  Y a mayor complejidad, mayor el riesgo de que metan mano negra los intereses creados, agazapados en la opacidad, como la que se dejó sentir en las 48 horas previas al cumplimiento del plazo para el cierre de la inscripción el pasado 24 de noviembre, al aumentar súbitamente de cinco mil a 49 mil el número de aspirantes registrados.

  También se dejó ver cuando solamente el comité de evaluación del Poder Judicial publicó de inmediato su lista de registrados, mientras que el del Poder Ejecutivo aguantó hasta el pasado 15 de diciembre, fecha límite para hacerlo, y el del Poder Legislativo lo hizo horas después de vencido el plazo establecido en la reforma constitucional para el lunes pasado.

   Ya con los nombres de quienes cumplieron los requisitos y que por lo tanto son elegibles, deberán pasar a la evaluación de comités y finalmente a la tómbola pública de la que resultarán los candidatos que contenderán.

  Centrémonos solo en los aspirantes a ministras y ministrosde la Corte para observar la gran cantidad que son, quizás todos conocidos en sus respectivos ámbitos de trabajo, pero poco conocidos por la opinión pública. Son realmente pocos los aspirantes identificables por el votante en general.

  Y veamos también algunos casos que se registraron en los tres comités, lo que no está prohibido pero que, quizás, de lugar a esfuerzos redundantes en una evaluación de suyo compleja o sea señal de que tienen mayores posibilidades que otras y otros que solo se inscribieron en uno o en dos de esos comités.

  Hay que decir de entrada que, para la elección de nueve ministras y ministros de la Corte, tres que ya lo son: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres quedaron automáticamente registradas como candidatas en la elección de junio próximo al manifestar su deseo de participar en el proceso electivo.

  A ellas hay que sumar 646 personas ya avaladas como elegibles por cumplir con los requisitos de los comités de evaluación: 25 en el Judicial, 227 en el Ejecutivo y 394 en el Legislativo.

  De estos 646, esta columna seleccionó a 17 que considera cuentan con conocimiento de la opinión pública. Seis son mujeres y once hombres. De ellos cuatro quedaron registrados en los comités de evaluación de los tres poderes, ocho en los del Ejecutivo y el Legislativo, dos en el del Legislativo y tres en el del Ejecutivo.

  Los dos candidatos que van solo por el Legislativo son la consejera jurídica de la presidencia con AMLO, María Estela Ríos González y el abogado y periodista Eduardo Andrade Sánchez.

  Los tres que van solo por el Ejecutivo son el consejero de la judicatura federal y exprocurador de la CDMX, Bernardo Bátiz Vázquez, el exconsejero electoral del IFE y diputado constituyente del Congreso capitalino, Jaime Cárdenas García y el abogado y columnista de EL UNIVERSAL, Ulrich Richter.

  Los ocho registrados en el Ejecutivo y el Legislativo son el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante; la magistrada de circuito Fabiana Estrada Tena, muy cercana al expresidente de la Corte y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, de quien fue coordinadora de asesores; el exsenador panista y exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón; el académico Manuel González Oropeza; la magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Mónica Güicho González, muy cercana a la actual ministra Yasmín Esquivel y a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso; el ex subprocurador general y actual fiscal general en Puebla, Gilberto Higuera Bernal; el presidente del Tribunal Federal de JusticiaAdministrativa, Guillermo Valls Esponda, hijo del fallecido exministro de la Corte, Sergio Valls Hernández; y el exconsejero de la Judicatura Federal, Alberto Pérez Daza.

  Y los cuatro aspirantes que se registraron en los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión son la magistrada de circuito Ana María Ibarra Olguín, también muy cercana al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar de quien fue secretaria de estudio y cuenta así como directora general del Centro de Estudios Constitucionales del máximo tribunal; la exprocuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez; la magistrada de circuito María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra de la Corte, exsecretaria de Gobernación y hoy diputada Olga Sánchez Cordero; y el consejero de la Judicatura Federal, Javier Molina Martínez.

 

 

 

(rrodriguezangular@hotmail.com, @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )