Un tribunal penal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).

Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita.

La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida.

Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del “lawfare” o guerra jurídica.

Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.

No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.

La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros diez exfuncionarios kirchneristas.

Aquí te explicamos la causa, qué dice la defensa de Kirchner y qué pasará ahora con la vicepresidenta argentina.

Qué dice la vicepresidenta

La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.

“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde refutó muchos de los argumentos que presentaron los fiscales.

La defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.

Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.

“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más vocales partidarios de su vicepresidenta.

Por otra parte, la vicepresidenta remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.

Y defendió el otorgamiento de fondos a la provincia donde reside, afirmando que “la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003”.

En tanto, señaló que las 51 obras cuestionadas ya habían sido investigadas por la Justicia de esa provincia, que no halló evidencias de corrupción, y que para este juicio solo se peritaron 5 “obras testigo”.