Ciudad de México. La reciente reforma al Poder Judicial “era necesaria para recobrar la confianza ciudadana” en el sistema de impartición mexicano, toda vez que en el país “los jueces han faltado en su deber de impartir justicia”, aseveró José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En representación del Estado mexicano, señaló que los juzgadores “han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes; han dictado sentencias sin perspectiva de género; han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo” de los poderes judiciales federal y de los estados.

En audiencia pública en Washington, Montero Solano defendió que la reforma judicial es “un gran paso en democratización” y destacó cinco aspectos relevantes de las recientes modificaciones constitucionales en la materia, como son: independencia judicial, gradualidad de la reforma, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores; los requisitos de elegibilidad y los métodos de elección de los jueces y magistrados para los años 2025 y 2027.

También, por parte del Estado mexicano, Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincidió en que la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso respondió a la necesidad de eficientar el sistema judicial nacional, para “combatir la corrupción y el nepotismo y para garantizar la transparencia y rendición de los jueces” en el país.

Sostuvo que el proceso para aprobar las modificaciones se ajustó al marco normativo nacional, “altamente estructurado, lo que asegura tanto la legalidad como la legitimidad de las reformas propuestas”.

Durante la sesión, Baños Rivas el proceso legislativo que siguió la aprobación de la reforma judicial, desde los diálogos nacionales que se desarrollaron en febrero pasado, hasta la aprobación en el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la promulgación en el Diario Oficial de la Federación.