Víctor Hugo Carvente señaló ante legisladores que un bloque de cinco firmas acaparó contratos en el árbitro electoral y en 20 institutos estatales durante administraciones pasadas.
Ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario reveló que entre 2014 y 2025 un bloque de cinco empresas vinculadas mediante socios y apoderados legales comunes concentró contratos por 2 mil 461 millones de pesos. Dichas adjudicaciones para la adquisición de urnas, mamparas y papelería electoral se repartieron entre la sede central del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 20 entidades federativas.
De acuerdo con el informe expuesto por Carvente Contreras, el 77% de los recursos erogados para este rubro por los órganos locales en los últimos 15 años terminó en las cuentas de este mismo consorcio mercantil.
| Empresa proveedora | Monto adjudicado (MDP) | Antecedentes reportados |
|---|---|---|
| Cajas Graft | $1,072.00 | Principal adjudicataria del consorcio investigado |
| Formas Finas y Materiales | $815.96 | Contratos formalizados desde la etapa del IFE (2011-2016) |
| Corporativo Zeg | $278.71 | Identificada en esquemas de rotación de licitaciones |
| Comercializadora JVLY | $208.39 | Vinculada con proveedores con contratos desde 2003 |
| Seriplast de México | $85.12 | Contrataciones vigentes desde la administración de 2015 |
El titular del OIC detalló que se identificó a un núcleo de al menos 13 apoderados legales y accionistas —entre ellos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas— que figuraban de manera simultánea en tres o cuatro de estas corporaciones para simular competencia en los procesos licitatorios.
“Estas cinco empresas han obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos… vemos que no es solo un tema del INE sino de todos los órganos electorales, y no es un tema de esta gestión sino de anteriores”, declaró el contralor.
Respecto a las investigaciones abiertas vinculadas a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, Carvente Contreras precisó que existen 18 expedientes en curso: 13 se mantienen en etapa preliminar de indagatoria y cinco ya avanzaron al procedimiento formal de responsabilidades administrativas con citatorio para audiencia inicial.
Estos cinco expedientes fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por involucrar presuntas faltas graves, como conflicto de interés y ocultamiento patrimonial. Durante la sesión legislativa no se dio cuenta de denuncias penales radicadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).
Entre las anomalías detectadas en las revisiones destacan compras a sobreprecio, reducción discrecional de penalizaciones —como una multa contractual que se redujo de 5 millones a 26 mil pesos—, pagos por asesorías no comprobadas de hasta 3.5 millones de pesos y contratos entregados a sociedades recién constituidas en las que funcionarios electorales fungían como socios y dictaminadores.
El contralor concluyó que los procesos de fiscalización correspondientes cerrarán en noviembre de 2026, por lo que las resoluciones que causen estado serán integradas al portal nacional de transparencia en enero de 2027.
