La agencia anticorrupción de Corea del Sur ha procedido este viernes a ejecutar la órden de detención del presidente Yoon Suk-yeol, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el pasado 14 de diciembre tras su breve imposición de la ley marcial a principios del mes pasado. El mandatario surcoreano está acusado de planear la fallida declaración de la medida extrema, orquestar una insurrección y abusar de su poder. Un tribunal de Seúl aprobó la orden de arresto el martes, tras la solicitud de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés), después de que Yoon ignorara las tres citaciones para presentarse a declarar en el marco de la investigación conjunta de la Policía y una unidad del Ministerio de Defensa sobre los eventos ocurridos el 3 de diciembre.
Aunque las órdenes de detención suelen ejecutarse rápidamente una vez emitidas, la CIO ha estado estudiando cuidadosamente cómo y cuándo proceder al arresto, dado que el objetivo es un líder en ejercicio. Es la primera vez en la historia democrática del país en la que se produce esta situación.
Además de la orden de detención ―que expiraba el próximo lunes―, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió otra para registrar la residencia presidencial, estableciendo una excepción a las leyes que restringen investigar sin consentimiento lugares con secretos militares, así como la incautación de secretos oficiales. El servicio de seguridad había bloqueado previamente a los investigadores para evitar un allanamiento en la oficina presidencial bajo estas mismas razones.
