Tocará a la Corte resolver en su primer período de sesiones de este 2022 otro asunto de gran trascendencia para el orden jurídico nacional: la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y las acciones de inconstitucionalidad contra el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
En el fondo de este asunto está la reforma al artículo 21 constitucional, publicada el 26 de marzo de 2019, que señala que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional” de la que el Presidente de la República podrá disponer hasta 2024 en tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada”, mientras se conforma y consolida esa institución.
Después de intensos debates en el Congreso, la Guardia Nacional quedó bajo la férula de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el 11 de abril de 2020 se publicó el acuerdo en el que se ordena a la Fuerza Armada permanente participar de “manera complementaria” con la Guardia Nacional “en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última”.
Sin embargo, el presidente López Obrador planteó en junio pasado una reforma constitucional que presentará al Congreso en 2023, para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de garantizar su disciplina y operatividad, lo que –según expertos en la materia- mantendría a las Fuerzas Armadas en las calles, más allá del plazo de cinco años que originalmente se fijó en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019.
Esta pretensión, sumada al cada vez mayor número de tareas civiles encomendadas por AMLO al Ejército y la Marina (la edificación y operación del AIFA, la construcción de dos tramos del Tren Maya y de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, el control de puertos y aduanas, y la distribución de vacunas y medicamentos, entre otras), atizó el debate a partir de la pregunta ¿el gobierno de la 4T militariza al país?
Los argumentos de quienes advierten la ruta hacia la militarización se sintetizan básicamente en: 1. La cada vez mayor participación del instituto armado en tareas civiles es inaceptable en tiempos de paz; 2. Que así ocurra dota a las Fuerzas Armadas de una mayor influencia y poder acumulado en decisiones de la Federación y los estados; 3. Que al aumentar sus tareas y con ellas el presupuesto asignado, el gobierno amarra su apoyo para que respalden la continuidad del proyecto de la 4T; y 4. Que la militarización contraviene Tratados que México ha suscrito en el orden internacional.
El doctor Jorge Lumbreras Castro, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recupera en un artículo publicado en el portal de noticias “La Silla Rota” el sábado pasado, los argumentos de quienes no ven un proceso abierto de militarización del país: 1. La asignación de tareas a las Fuerzas Armadas proviene del poder civil, lo que contraviene el concepto de militarización que implica que el poder militar decide asumir por sí mismo tareas y funciones que impone al orden civil; 2. No hay registro hasta ahora de que la disciplina militar se haya impuesto a algún sector de la población civil; 3. El Ejército y la Fuerza Aérea suman 223 mil elementos de los que 163 mil 245 son operativos y 60 mil 443 son administrativos. Entre los operativos, 99 mil 878 son personal de apoyo (sanidad, ingeniería, comunicaciones, cartógrafos, abogados y cocineros, entre otros), por lo que casi 64 mil son efectivos adiestrados en el uso de armamento y la disciplina militar. ¿Cómo sería posible que ese número de efectivos que no llega ni a cien mil podría imponer el orden y la disciplina militar a casi 130 millones de mexicanos y mexicanas?; y 4. Los recursos fiscales destinados al instituto armado se han mantenido constantes durante los últimos 20 años, para 2022 hay un decremento relativo y el dinero destinado para obra pública a cargo de militares no es para las Fuerzas Armadas, sino para las empresas que construyen las obras.
La definición de militarización alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos y no solo se plasma en la presencia del Ejército, sino que también se constituye a partir de leyes que la justifican. La Corte dirá la última palabra. ¿Usted cómo la ve?
Instantánea:
1. ENTREGÓ LA PLAZA. Las nuevas generaciones seguramente no recuerdan al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y mucho menos al Partido Popular Socialista (PPS) que, ya visto a lo lejos, resultaron niños de pecho en comparación con lo que se prevé ocurra con el PRI que, por lo visto hasta ahora, ni para partido satélite va a servir en los próximos años. Y es que prácticamente ya entregó la plaza en cinco de los seis estados que tendrán elecciones de gobernador este año. Dicen los que saben que en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo ya preparan el cortejo fúnebre al otrora partidazo, por obra de su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas a quien la militancia culpa de poner el último clavo al féretro del tricolor. En el contexto de la alianza Va por México, el PAN se alzará con las candidaturas en esos cinco estados. En Hidalgo, tras el Schoque de Alito con del gobernador tricolor Omar Fayad, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI será convertida en candidata panista de la alianza Va por México al gobierno del estado. ¿Se acuerdan como le fue en las presidenciales de 2018 al pro panista José Antonio Meade convertido en candidato del Revolucionario Institucional? Solo Oaxaca se resiste a entregar la plaza.
2. ¡CUIDADO CON LAS COMPONENDAS! El gobierno de Baja California, con la morenista Marina del Pilar ÁvilaOlmeda al frente, dio a conocer la asignación exprés de un contrato de comida a “Frutteto”, una empresa cuya propiedad –según advirtieron organizaciones civiles que fiscalizan a la recién iniciada administración- está relacionada con un hermano del ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, quien enfrenta procesos penales por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Los denunciantes aseguran que “Frutteto” ha sido señalada por actos de corrupción en la asignación de contratos de los gobiernos sonorenses del PAN y del PRI. Sorprende, por decir lo menos, que el nuevo gobierno morenista de Ávila Olmeda esté vinculado con personajes cuestionados por sus actividades ilícitas en su estado natal. ¿Será que algún funcionario está haciendo negocios sin que la gobernadora lo sepa? Su gobierno apenas empieza, así que está a tiempo de corregir ese tipo de irregularidades.
3. LE COMIERON EL MANDADO. Después de meses de especulaciones de que el senador panista Antonio Martín del Campo dejaría su partido para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Aguascalientes, la posibilidad se diluyó por completo pues mientras deshojaba la margarita, los del partido naranja vieron en la joven AnayeliMuñoz una carta fuerte para disputar la gubernatura, pues superfil ha ido creciendo y se coloca ya en rangos competitivospara enfrentar a las candidatas del PAN, Tere Jiménez y de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, en una elección que será entre mujeres.
4. BUENA ACOGIDA fue la que recibió el nombramiento de Ignacio Hernández Orduña como director de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El beneplácito fue externado a través de un comunicado por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) conformada por 153 socios. Su presidente, Salvador López Contreras consideró que con Hernández Orduña habrá una buena coordinación en momentos en que crece la demanda de ese servicio para las más de mil 300 empresas de seguridad privada que hay en el país. (rrodriguezangular@hotmail.con , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx
