• Mientras Hacienda presume disciplina fiscal y una menor deuda como proporción del PIB, analistas advierten que el ajuste descansa en recortes al gasto y un crecimiento insuficiente; Guillermo Ortiz cuestiona que la narrativa oficial omita los problemas estructurales que frenan a México.

Ernesto Madrid

Las finanzas públicas de México muestran señales de mayor disciplina, pero no necesariamente de mayor fortaleza económica. El primer semestre de 2026 cerró con una consolidación fiscal apoyada más en un menor ejercicio del gasto que en un incremento de los ingresos, en un contexto donde el crecimiento sigue siendo insuficiente para sostener las metas de desarrollo que plantea el gobierno federal.

El análisis de BBVA Research sobre las finanzas públicas revela que los ingresos presupuestarios quedaron 141 mil millones de pesos por debajo de lo programado, principalmente por la caída de los ingresos petroleros, mientras que el gobierno compensó ese faltante con un gasto significativamente menor al previsto.

Las cifras muestran que la Administración Pública Centralizada ejerció 296 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, mientras que Pemex y la CFE gastaron 74 mil millones de pesos menos, lo que permitió contener el déficit y mejorar el balance fiscal.

El ajuste tuvo un efecto inmediato sobre la deuda. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el indicador más amplio del endeudamiento público pasó de 52.6% del PIB al cierre de 2025 a 51% en junio de 2026, debido principalmente a una reducción tanto de la deuda interna como de la externa medida como proporción del producto.

Sin embargo, BBVA advierte que esa mejoría podría ser temporal. Con una expectativa de crecimiento económico de apenas 1.2% para 2026, un costo financiero equivalente a 4.1% del PIB y un déficit público proyectado de la misma magnitud, estima que la deuda volvería a ubicarse alrededor de 53.9% del PIB al cierre del año. La lectura de fondo es que la consolidación fiscal no está descansando sobre una economía más dinámica, sino sobre una política de contención del gasto en un entorno de bajo crecimiento.
Ese contexto coincide con el diagnóstico de México, ¿Cómo Vamos?, que recuerda que, aunque el PIB sorprendió positivamente en el segundo trimestre, el crecimiento sigue lejos del objetivo de 4.5% anual planteado por el gobierno. La principal debilidad continúa siendo el sector industrial, particularmente las manufacturas, afectadas por los aranceles estadounidenses y la desaceleración de la industria automotriz.

Es precisamente sobre esa diferencia entre las cifras y su interpretación donde el exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, lanzó una de las críticas más severas a la narrativa económica del gobierno. Ortiz no cuestiona la veracidad de los datos oficiales, sino la forma en que se presentan. A su juicio, el gobierno construye un discurso optimista apoyado en indicadores técnicamente correctos, pero seleccionados de manera que dejan fuera las debilidades estructurales de la economía.

Como ejemplo, sostiene que la Inversión Extranjera Directa ha sido presentada como un éxito, aunque buena parte corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas y no necesariamente a nuevos proyectos productivos. También advierte que el incremento del salario mínimo representa un avance social importante, pero difícilmente será sostenible si no viene acompañado de mayores niveles de productividad.

Para quien conoce las finanzas públicas desde dentro —primero como secretario de Hacienda y después como gobernador del banco central— el verdadero problema no está en los indicadores de corto plazo, sino en los factores que siguen limitando la inversión: la inseguridad, la corrupción, la incertidumbre jurídica y la debilidad del Estado de derecho.

En otras palabras, mientras el gobierno destaca una deuda relativamente contenida y un manejo responsable del gasto, Ortiz recuerda que ni los inversionistas ni las agencias calificadoras toman decisiones únicamente con balances fiscales. También observan la capacidad del país para generar crecimiento, atraer capital y ofrecer certidumbre institucional.

El contraste resulta revelador. Las finanzas públicas muestran orden, pero la economía todavía no encuentra el impulso suficiente para crecer de manera sostenida. Y esa diferencia puede convertirse en el principal desafío para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Porque mantener bajo control la deuda es una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica, pero difícilmente será suficiente si el crecimiento continúa avanzando por debajo de su potencial y los problemas estructurales siguen pesando más que los discursos optimistas.

@JErnestoMadrid
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