La corrupción por el huachicol fiscal alcanzó a uno de los mandos de mayor rango entre la oficialidad de la Secretaría de Marina.

Desde hoy quedó vinculado a proceso el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna quien, hasta enero pasado, se desempeñaba como comandante de la décimo segunda zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco y fuera, en el sexenio anterior, secretario particular del entonces subsecretario José Luis Arellano Ruiz.

El hermano de Farías Lagunas, Fernando, éste último con rango de contralmirante, está prófugo, acusado también de ser parte de una organización criminal llamada “Los Primos”, presuntamente responsable de sobornar a subordinados, personal de aduanas y empresas importadoras y exportadoras, que descargaban en puertos como Tampico y Ensenada buques cuya carga era consignada como lubricantes, pero que en realidad eran hidrocarburos ilegalmente sustraídos, es decir, huachicol, como los diez millones de litros asegurados el 31 de marzo pasado en el mega buque Challenge Proycon.

Pero resulta que los hermanos Farías Lagunas son sobrinos políticos del exsecretario Marina, el almirante Rafael Ojeda de quien el fiscal general Alejandro Gertz dijo que hace dos años le pidió que investigara a todo el personal de la Marina (sin mencionar específicamente a familiares), que estuvieran embarrados en el caso del huachicol.

Quien denunció a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina con AMLO, fue el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.

Pero la mayor información sobre el caso acabó dándola en realidad el exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín quien aceptó un criterio de oportunidad y que bajo el nombre clave de “Santo” ha revelado nombres de esa red de contrabando de huachicol fiscal, entre los que aparecen el del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, el del capitán Abraham Pérez Ramírez, de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas (quien el lunes pasado fue encontrado muerto con un tiro en el pecho, episodio que las autoridades creen fue un suicidio) y Alfonso Durazo Chávez, hijo de Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, presidente del Consejo Político Nacional de Moren y, en el sexenio pasado, secretario de Seguridad, cargo por el cual mantenía estrecha relación con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Por la corrupción en Aduanas, AMLO decidió entregar su control a la Marina en 2021, pero las redes de corrupción siguieron, sobre todo con el huachicol fiscal. En 2022 le informé en mi columna Gran Angular de EL UNIVERSAL de un oficio confidencial en el que el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval le informaba al general Audomaro Martínez, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, de una red en aduanas manejada por Juan Carlos Madero Larios, cuñado de la hoy presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, quien mejor decidió ampararse contra una posible orden de aprehensión.

El oficio referido muestra que del asunto se tuvo conocimiento desde 2022 y no hasta 2023 a pedido del exsecretario Rafael Ojeda Durán, como aseguró Gertz que ocurrió.

Antes de 2022 fue cuando asesinaron al llamado “Rey del Huahicol”, Sergio Carmona (22 de noviembre de 2021), cuyo hermano controló la aduana de Reynosa para facilitar el contrabando de hidrocarburos ilegalmente extraídos, cuyas multimillonarias ganancias sirvieron para financiar campañas políticas de gobernadores a cambio de contrataciones por venir.

El exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García cabeza de Vaca ha reconocido que fueron varios los contratos dados a Carmona quien a la postre fuera ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León cuando ya había decidido convertirse en testigo protegido de la justicia de Estados Unidos. (rrodriguezangular@hotmail.com, @RaulRodriguezC , raulrodriguezco

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