Ernesto Madrid

De acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mina o mejor dicho el pozo de carbón de Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 trabajadores atrapados, fue otorgada en 2003 por el gobierno de Vicente Fox e inicio labores en 2021, pero sin aviso a las autoridades.

La revelación de quién es el verdadero concesionario ha permanecido en secreto y solo se ha ventilado el nombre de Cristian Solís Arriaga, quién ya declaró, que es el propietario, de acuerdo con las autoridades del estado de Coahuila, que gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís de extracción priista que pertenece al grupo político Coahuila que ha controlado la familia Moreira y cuya entidad estará en juego el 2023, donde el tricolor quiere mantener su hegemonía.

En paralelo y de acuerdo con otros medios familiares de los trabajadores señalan al exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime, está detrás de la concesión de la mina que colapsó.

Pero si vemos a que se dedica el declarante Cristian Solís Arriaga cuyo socio es su hijo Régulo Zapata su actividad está relacionada con la empresa Beneficios Carboneros AJ y provee de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dirigida por Manuel Bartlett con un contrato nada despreciable de 250 millones de pesos.

Aquí estaría los interese políticos de acuerdo con el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacios, ya que Zapata Jaime fue presidente municipal de Sabinas, quién ha negado ser propietario del pozo de carbón siniestrado y quién en realidad aparece como ‘patrón’ ante el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo federal es Cristian Solís Arriaga, de 27 años, pero no en los datos cartográficos de la Secretaría de Economía.

Por otro lado, el título de concesión, de acuerdo con los datos disponibles, no lo tiene Zapata Jaime, sino Claudia María Iribarren González de acuerdo con EMEEQUIS que identificó el título 224534 para la explotación de la mina “Las Conchitas” en Sabinas, Coahuila, parienta de su esposa, Martha Carolina Morales Iribarren, que también fue alcaldesa de Sabinas y madre de Claudia María Garza Iribarren, gerente municipal del Sistema de Aguas de Sabinas.

En esta investigación se encontró que también forma parte de los funcionarios del municipio, Jerónimo Zapata Morales, hijo de Régulo Zapata, quien recibió su nombramiento como director de Turismo municipal el pasado enero de este año.

Si le rascamos a la base de datos de la Cartografía Minera de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía encontramos señales claras de que la concesione se habría otorgado cierto, en el 2003 pero quizás esté detrás Industrial Minera México S.A de C.V. filial de Southern Copper Corp. y pertenece a Grupo México del empresario minero German Larrea. En esa administración se otorgaron 203 concesiones en estados como Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.

Pero además encontramos al menos 50 títulos de concesión tan sólo en Sabinas y el más cercano apunta a una mujer de nombre Gloria Ofilia Arellano Villarreal, de la Compañía Minera El Pinabete, SA de CV, que, dice la Secretaría de Economía a través del columnista de El Financiero, es la actual concesionaria del pozo de carbón, donde sus accionistas formales son Héctor Villarreal González y Héctor Villarreal Beltrán. Los beneficiarios de la explotación de la mina, sin embargo, han sido otros.

Gloria Arellano Villarreal habría hecho la solicitud de concesión el 6 de marzo de 1999 con el lote ‘Cloeto Centro’ y el expediente 7/1.3/874 y con el título número: 216996 con una superficie de 280 hectáreas, que es lo más cercano a los apellidos Villarreal, pero en la realidad quiénes los explotan son otros a los que se les habría traspasado la concesión.

Lo interesante del caso, es que de ser Grupo México S. A. de C. V. quién está en realidad detrás de esta concesión, estaríamos hablando de otro caso de falta de seguridad, inspección y vigilancia como en Pasta de Conchos, también en Coahuila, donde el 19 de febrero del año 2006 sucedió uno de los accidentes fatales de la segunda minería mexicana más grande del país, donde quedaron enterrados y olvidadas 65 mineros.

A lo que sumaríamos que el carbón no es un mineral tan preciado como las operaciones a las que se dedica Grupo México que constan de dos minas de cobre a tajo abierto (La Caridad y Cananea), varias minas subterráneas de zinc y plata, además de un gran complejo metalúrgico (también en La Caridad), por lo que habría sido traspasada a otro concesionario y entonces estaríamos hablando del tamaño de los intereses detrás del silencio de las autoridades.

Otra vertiente que justifica el gobierno federal a través de presidente López Obrador es que en la industria minera es difícil que entren los sindicatos, pero eso solo resultaría un argumento para descartar a su líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia quién habría declarado que ‘esos accidentes se deben a la falta de inspección y vigilancia de las autoridades federales, y que los trabajadores de esa mina no están afiliados a su sindicato, según consignó el diario La Crónica.

Entonces la bolita recae sobre la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde quién ha guardado silencio y se ha limitado a declarar que a la fecha no presentaba problemas, contraria a la versión de los familiares de los trabajadores que manifestaron las carencias, falta de seguridad y equipo con la que se trabaja en esas instalaciones lo cual jamás se supervisó.

La punta iceberg apenas empieza a asomar mientras los mineros se encuentran aún enterrados.