La propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador, impulsada ahora por la presidenta Sheinbaum tiene al país inmerso en un acalorado debate sobre el impacto que podría tener en la representación política de las minorías la propuesta de eliminar las candidaturas de representación proporcional y la de reducir el altísimo financiamiento a los partidos políticos y al órgano electoral.

A una semana de que inicie el segundo período ordinario de sesiones de este año legislativo, se ha abierto el espacio -que es preciso sea inclusivo y plural- para discutir cambios trascendentales (¿para bien o para mal?) de nuestro sistema electoral, planteados para su aprobación a más tardar a finales de este año

Son pertinentes dos preguntas para contextualizar el debate: ¿cómo llegamos al punto en que nos encontramos? y ¿cuáles son los asuntos clave de la iniciativa?

Hablamos de lo que sería una cuarta reforma electoral de gran calado entre 1997 y 2025, período en el que se consolidó la alternancia democrática con la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien; y la primera, entre las tres que la preceden, que no es impulsada desde las oposiciones políticas, sino desde el partido en el poder.

Hablamos también de lo que sería un cuarto intento de la 4T por concretarla, desde que en 2022 AMLO la presentó por primera vez al Congreso como reforma constitucional y después como reformas a leyes secundarias, que no se aprobaron por la falta de una mayoría legislativa calificada y por su inconstitucional según el fallo de la Corte.

¿Cuáles son en la actual iniciativa los puntos clave? 1. Suprimir las 200 curules de representación proporcional de la cámara de Diputados y los 32 escaños plurinominales del Senado; 2. Sustituir a los “pluris” con asignaciones de la llamada “primera minoría” a quienes obtengan el segundo lugar en la elección, tal y como ocurre ya con 32 escaños de la cámara de Senadores; 3. Reducir el financiamiento de los partidos políticos; y 4. Elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales.

La iniciativa argumenta que los 200 diputados y senadores plurinominales con que hoy cuenta el Congreso no reflejan la voluntad directa del electorado y solo benefician a las cúpulas de los partidos políticos. Cierto es que la figura de la representación proporcional, instaurada desde la reforma de 1977, garantizó la presencia de grupos muy pequeños, minoritarios, lo que se deformó cuando las mayores fuerzas políticas empezaron a utilizarla para colocar, mediante listas, a figuras convenientes y/o prominentes de sus partidos.

Quienes se oponen a esa propuesta, entre otros varios expresidentes de lo que fue el IFE y ahora es el INE, además del PAN y el PRI, consideran por el contrario que la supresión de los “pluris” sí pondría en grave riesgo la representación de minorías y de grupos vulnerables, lo que también ocurriría si, como propone la reforma, se sustituye la figura de los plurinominales por la de primera minoría que ya opera en el Senado, pero que no alcanzaría para equilibrar la balanza. De ahí que adviertan también el riesgo de incurrir en una hegemonía con distorsiones cono la que llevó a que Morena y aliados, con 55% de los votos en la elección de 2024 tenga una sobrerrepresentación con 85% de los distritos.

Por otro lado, la disminución del financiamiento a los partidos y al órgano electoral es para la 4T una propuesta viable porque ella por sí misma (vaya soberbia) garantiza la legalidad y equidad de los comicios y sus millonarios presupuestos pueden orientarse hacia la política social. La oposición, sin embargo, estima que se trata de una maniobra de colonización del órgano electoral, que limitaría, sobre todo, la capacidad competitiva de las fuerzas políticas que representan a las minorías.

A manera de conclusión: la reforma electoral propuesta para 2025 no necesariamente acabará con la representación de las minorías, pero sí plantea riesgos significativos al eliminar los plurinominales y priorizar un sistema de primera minoría que podría excluir a partidos pequeños y grupos vulnerables.

La falta de mecanismos claros para garantizar la pluralidad -lo que agravaría la exclusión histórica de las minorías- está por encima del argumento de la 4T de austeridad en el financiamiento electoral y de mayor cercanía con los electores. 8rrodriguezangular

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