Ernesto Madrid

Frente a los 115 mil 347 homicidios, el acumulado de 100 mil desaparecidos y la violencia de alto impacto contra las mujeres que no cesa, es imprescindible que haya una reformulación de la política y la estrategia de seguridad, porque si bien no todo se trata del uso de la fuerza, tampoco es permisible el debilitamiento institucional de las fuerzas de seguridad advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Con base en el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva contra las mujeres aumentó de enero a abril respecto al mismo periodo de 2021.

El mismo informe señala que en 2021 se denunciaron 2 millones 44 mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 2020 por lo que la impunidad es una de las posibles explicaciones en el crecimiento de la delincuencia. De acuerdo con información de México Evalúa, el 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan sin resolverse.

Por ejemplo, el incremento en casos de corrupción de menores fue de 25%; en extorsión, 20%; trata de personas, 18%; violencia de género, 14%; violación, 12%; lesiones dolosas, 4% y violencia familiar, 0.3% que en algunos casos muestran un récord de incremento. En lo que respecta a los feminicidios y homicidios dolosos mantienen su tendencia al alza.

Mucha de esta violencia está vinculada al narcotráfico, en especial al narcomenudeo, pues de las 70 mil 274 carpetas de investigación que se registraron en 2019, al cierre del 2021 se dispararon a 82 mil 271. Las cifras para este 2022 no pintan nada bien, pues en el primer cuatrimestre del año se realizaron 29 mil 664 denuncias relacionadas con ese ilícito.

Para expertos, la violencia contra las mujeres debe ser considerada emergencia nacional ya que en el primer cuatrimestre del presente año siete delitos de alto impacto contra la población femenina no se pudieron contener.

“Es una señal de alarma de poner en primer orden la agenda de las mujeres”, dijo Atziri Ávila, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Una realidad igualmente preocupante es, que en lo que va de este año suman 11 periodistas asesinados en México, y según reportes en medios de comunicación se acumulan más de 30 asesinados desde el 1 de diciembre de 2018. Organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), así como Reporteros sin Fronteras (RSF) han identificado a nuestro país como el más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mundo.

Es alarmante precisa la Coparmex que durante la actual administración, las fiscalías estatales han registrado una muy dolorosa y lamentable cifra de 115 mil 346 víctimas de homicidios dolosos en 97 mil 346 carpetas de investigación en México. Esta es la cifra más alta de homicidios dolosos registrada en los primeros 41 meses de un Gobierno, comparado con el mismo lapso de sexenios anteriores.

La perspectiva integral la aportan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que informó que en 2021 se denunciaron 2 millones 44 mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 2020. La impunidad es una de las posibles explicaciones en el crecimiento de la delincuencia. De acuerdo con información de México Evalúa, el 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan sin resolverse.

Si la impunidad es un hecho que agrava el contexto de inseguridad, también resulta una consternación que integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional de forma creciente están siendo objeto de agresiones, maltratos y vejaciones por parte de supuestos grupos de población civil.

Se contabilizan al menos 24 hechos de este tipo en lo que va del actual gobierno. De acuerdo con un conteo realizado por el diario EL UNIVERSAL diferentes episodios se han concentrado en Michoacán, el más reciente en Nueva Italia, donde militares fueron perseguidos por camionetas y agredidos.

Ante esto la Coparmex hace un claro llamado al precisar que no estamos a favor del uso desmedido o irracional de la fuerza, sino que pugnamos por contar con cuerpos de seguridad debidamente capacitados, equipados, remunerados y con dominio pleno de protocolos para actuar ante todo tipo de amenazas con estricto apego a los derechos humanos y se pronuncian para que se les respete, tanto por parte de la población civil como por parte de las autoridades y mandos.