La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto al exgobernador del Estado de Chiapas Rutilio Escandón como cónsul en Miami, Florida, Estados Unidos. La mandataria ha hecho la petición al Senado de la República, instancia encargada de los nombramientos diplomáticos, según ha confirmado un legislador a EL PAÍS. Escandón, de Morena, el partido oficialista, concluyó su mandato como gobernador el pasado 7 de diciembre. Lo ha relevado el exsenador Eduardo Ramírez. La gestión de Escandón en Chiapas ha estado marcada por la irrupción del crimen organizado en el Estado del sureste mexicano, que hace frontera con Guatemala y Belice y que es ruta de paso obligada de los flujos migratorios provenientes del Caribe y Latinoamérica. La pugna entre los cárteles de Jalisco (CJNG) y Sinaloa ha dejado decenas de muertos entre las poblaciones indígenas y ha provocado el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

El nombramiento de Escandón es prácticamente un hecho. El bloque gobernante formado por Morena, el PT y PVEM tiene en el Senado la mayoría calificada, más que suficiente para ratificar designaciones diplomáticas y para reformar la Constitución. Escandón coincidirá en el Estado de Florida con otro exgobernador chiapaneco, Juan Sabines, que es cónsul en Orlando. Escandón, que ha sido senador y diputado, sufrió hace unos meses la muerte de su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena y secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Rosalinda López fue, en los primeros años del sexenio de López Obrador, administradora del SAT, la autoridad fiscal. Dejó el puesto para convertirse en senadora por Tabasco, cargo que tenía al fallecer. Los vínculos entre Escandón y los López Hernández confirmaban su influencia en el entorno del Gobierno obradorista.

Escandón deja tras de sí un capítulo oscuro en la historia de Chiapas. El Estado más pobre de México, de por sí históricamente castigado por la desigualdad hacia una población mayoritariamente indígena, entró de lleno en la lista de regiones asediadas por la violencia, el gran problema sin resolver también del resto del país. Una guerra abierta entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación sumió a la población civil en un fuego cruzado del que aún no ha salido. Los desplazamientos forzados se cuentan por decenas de miles, especialmente en la sierra Mariscal, los Altos, Lacandona y la frontera con Guatemala. Las masacres, las desapariciones, los secuestros y, en general, una vida rehén de la voluntad de los grupos criminales, se han instalado como parte del paisaje cotidiano, en la entidad, antaño pacífica.