• La Presidenta reivindicó austeridad, honestidad, democracia y una relación de cooperación sin subordinación con Estados Unidos. Pero el discurso ocurre mientras Morena enfrenta cuestionamientos por corrupción, seguridad y posibles redes de tráfico de combustibles que alcanzan a personajes cercanos al antiguo círculo presidencial.

Ernesto Madrid
La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó su Segundo Informe de Gobierno para enviar dos mensajes: hacia afuera, que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, pero no a someterse; hacia adentro, que la Cuarta Transformación debe preservar la honestidad, la austeridad y la unidad. El problema es que ambos mensajes chocan con una realidad política cada vez más incómoda para su administración.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que su gobierno no reprime, respeta la libertad de expresión y gobierna bajo los principios de la llamada “economía moral”. También sostuvo que los tiempos en que los recursos públicos se utilizaban para “excentricidades” y se gobernaba para unos cuantos quedaron atrás.
Pero justamente ahí aparece la contradicción que el informe no termina de resolver.
Mientras la Presidenta reivindica la honestidad como principio rector, investigaciones periodísticas recientes han colocado nuevamente bajo escrutinio a personajes vinculados con el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. EL UNIVERSAL documentó la existencia de JDBL y Compañía, sociedad constituida en 2020 por Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo, con un objeto social que incluye inversiones en infraestructura portuaria y suministro de combustibles. Ambos empresarios aparecen además vinculados a un encuentro reciente con Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Booby que reveló el columnista de El Universal Héctor de Mauleon. La existencia de la empresa y las reuniones son hechos documentados; cualquier responsabilidad penal derivada de esas relaciones corresponde determinarla a las autoridades.
El asunto adquiere mayor relevancia porque ocurre en medio de investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, un negocio que dejó de ser únicamente el robo clandestino de combustible para convertirse en una estructura mucho más sofisticada, con importaciones, aduanas, empresas, facturación y presuntas triangulaciones financieras.
A ello se suma la presión política sobre figuras del obradorismo. El periodista Raymundo Riva Palacio publicó este martes que autoridades estadounidenses habrían asegurado propiedades y congelado activos relacionados con Adán Augusto López Hernández, su hermano y personas de su círculo familiar. Es importante precisar que esos señalamientos provienen de la información publicada por el columnista y que, hasta ahora, no existe un anuncio público de OFAC que permita presentar esas medidas como una sanción oficialmente confirmada.
La fotografía política es, por tanto, mucho más compleja que la escenificada en Palacio Nacional.
Sheinbaum necesita cerrar filas con su partido precisamente cuando el partido que heredó el poder enfrenta una tensión evidente entre el discurso de transformación y las conductas de algunos de sus integrantes. El llamado presidencial a la unidad —“aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”— revela, paradójicamente, que la división es una preocupación suficientemente importante como para tener que negarla públicamente.
Y hay otro elemento que merece atención: la relación con los empresarios.
El encuentro de Andy López Beltrán con empresarios de enorme peso económico vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que va más allá de una fotografía: ¿qué relación existe hoy entre el poder político y los grandes intereses económicos que durante años fueron objeto de crítica por parte del movimiento obradorista?
Carlos Loret de Mola ha planteado precisamente esa contradicción: empresarios que públicamente cuestionan algunas decisiones de la 4T pero que, en privado, buscan la cercanía con el poder y las oportunidades de negocio. La fotografía no prueba un delito ni un trato privilegiado; sí muestra, sin embargo, que la vieja distancia entre poder político y poder económico es mucho menos nítida de lo que el discurso oficial suele sugerir.
Ese es quizá uno de los mayores desafíos para Sheinbaum: no basta con repetir que terminó la época de los privilegios; hay que demostrarlo cuando las relaciones personales, empresariales y políticas vuelven a encontrarse en los mismos espacios.
En seguridad, el informe ofrece un dato políticamente potente: el gobierno reportó una reducción de 51% en los homicidios dolosos desde octubre de 2024 y destacó que julio registró el promedio diario más bajo en 11 años. Es uno de los resultados más relevantes que la administración puede presentar.
Pero la seguridad tampoco puede medirse únicamente por homicidios. La expansión de mercados criminales, el control territorial, el tráfico de combustibles y la infiltración de estructuras económicas y políticas obligan a una lectura mucho más amplia del fenómeno.
En economía, Sheinbaum defendió estabilidad, aumento salarial, inversión y programas sociales. Sin embargo, el crecimiento continúa siendo uno de los flancos débiles del gobierno: el propio balance económico difundido alrededor del informe reconoce que el PIB mexicano creció apenas 0.7% durante 2025, mientras persisten incertidumbres asociadas al comercio con Estados Unidos y al T-MEC.
Por eso el Segundo Informe tiene dos lecturas.
La primera es la del oficialismo: una Presidenta que consolida su liderazgo, mantiene la disciplina fiscal, presume avances sociales, reporta una disminución significativa de homicidios y planta cara a Washington con un discurso de soberanía. La segunda es la de una administración que comienza a enfrentar el desgaste inevitable de gobernar: corrupción dentro de sus propias filas, disputas internas, investigaciones que alcanzan a personajes cercanos al antiguo poder presidencial y una economía que todavía no consigue recuperar un ritmo robusto.
Sheinbaum tiene razón cuando afirma que cooperación no significa sometimiento y que México debe defender su soberanía. Pero la soberanía también implica algo más incómodo: tener instituciones capaces de investigar a los propios, no solamente a los adversarios.
El verdadero examen de la Cuarta Transformación no estará en sus consignas ni en la cantidad de aplausos recibidos en Palacio Nacional. Estará en lo que ocurra cuando las investigaciones lleguen a los círculos de poder, cuando el dinero conduzca hacia nombres conocidos y cuando la exigencia de honestidad tenga que aplicarse sin importar quién resulte involucrado. Y ahí se podrá ver si en realidad está terminando con los compromisos que la llevaron a la presidencia y si el manto protector continuará.
Porque gobernar para todos también significa investigar a todos. Y ahí comienza la parte del informe que todavía está pendiente.
@JErnestoMadrid
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