• Las versiones contradictorias sobre el operativo de Chihuahua destaparon acusaciones contra Ariadna Montiel, el deslinde de Maru Campos sobre su exfiscal y una pregunta mayor: ¿la justicia investiga con el mismo rigor a los políticos de Morena?

Ernesto Madrid

Maru Campos reveló que durante su encuentro con Claudia Sheinbaum hubo entre ocho y diez minutos de reclamos. La gobernadora aseguró que la presidenta le reprochó la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas y reconoció haberle ofrecido una disculpa por llamarla “la presidenta de la muerte”.

Sheinbaum respondió con su propia versión: dijo que Campos atribuyó la responsabilidad al exfiscal César Jáuregui. Y la fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó después que la gobernadora también le proporcionó información sobre presuntos actos de corrupción del exfuncionario.

Pero la revelación más explosiva fue otra: Campos acusó a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de presuntos vínculos con el narcotráfico en Chihuahua. Montiel exigió pruebas y rechazó los señalamientos. Hasta ahora, Campos no ha presentado públicamente elementos que acrediten esa imputación.

La pregunta es por qué la gobernadora lanza una acusación de semejante gravedad sin exhibir pruebas. Y la respuesta política está en un problema que Morena no ha conseguido despejar: la creciente desconfianza sobre la autonomía de las instituciones encargadas de investigar a funcionarios del partido en el poder.

No es una sentencia sobre la FGR, pero sí una duda alimentada por casos concretos.

En Baja California, Marina del Pilar Ávila perdió su visa estadounidense en medio de controversias y filtraciones sobre contactos con presuntos intermediarios. La gobernadora ha negado irregularidades y no existe evidencia pública que permita afirmar que enfrenta una acusación penal formal en Estados Unidos.

En Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue señalado por autoridades estadounidenses juntos con 9 funcionaros más, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La FGR mantiene abierta una investigación y el gobierno mexicano ha solicitado a Washington pruebas que sustenten las acusaciones. El expediente sigue sin una resolución que determine su responsabilidad.

Los dos casos son distintos, pero alimentan la misma pregunta pública: ¿las investigaciones avanzan con la misma determinación cuando los señalados pertenecen a Morena? La respuesta no puede darse por anticipado; corresponde medirla con actuaciones ministeriales, pruebas y resoluciones, no con lealtades partidistas.

El exfiscal y el costo político

En Chihuahua, el expediente de la CIA abrió otro frente. Sheinbaum sostuvo que Campos responsabilizó a Jáuregui por la participación de agentes extranjeros y le comunicó presuntas irregularidades relacionadas con casinos y prestanombres. Godoy confirmó que la información recibida abrió una nueva línea de investigación, traición a la patria. Jáuregui fue detenido y enfrenta procedimientos por presuntos delitos estatales y federales. Eso no demuestra que toda la responsabilidad recaiga en él, ni exime automáticamente a los demás funcionarios de explicar qué sabían y quién autorizó el operativo.

Aquí está la contradicción que importa: Campos rechaza que se le atribuya responsabilidad por la operación, pero la FGR sostiene que ella señaló a su propio exfiscal y ofreció información para investigarlo. La gobernadora niega haberlo acusado en los términos planteados por el gobierno federal. No es un detalle menor. Si la responsabilidad fue exclusivamente de Jáuregui, debe probarse; si hubo más funcionarios involucrados o fallas en la cadena de mando, también deben investigarse.

El operativo de El Pinal, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización federal que México considera necesaria, es el origen de toda esta disputa. La soberanía nacional exige esclarecer esa intervención, pero no puede convertirse en una coartada para evitar responsabilidades, ni la acusación de traición a la patria debe sustituir las pruebas.

Chihuahua, la disputa que viene

La confrontación también ocurre rumbo a 2027. El PAN busca conservar Chihuahua y Morena quiere ampliar su presencia. Montiel, Cruz Pérez Cuéllar y Campos forman parte de una disputa en la que cada declaración puede tener consecuencias electorales.

Sheinbaum necesita defender la autoridad federal y exigir explicaciones por la intervención extranjera. Campos busca evitar que el escándalo se convierta en una condena política de toda su administración. Montiel intenta contener una acusación que podría afectar su posición al frente de Morena.

Pero el fondo rebasa la competencia electoral: si las fiscalías actúan con criterios distintos según el partido al que pertenece el investigado, la justicia pierde credibilidad; si las acusaciones se lanzan sin pruebas, la política sustituye al Estado de derecho. Por eso la exigencia debe ser la misma para todos: que Campos presente los elementos que dice tener contra Montiel; que la FGR informe sobre los avances de los expedientes que legalmente pueda hacer públicos; que se esclarezca la cadena de mando del operativo y que nadie sea exonerado ni condenado desde un micrófono.

Porque la soberanía no exonera a nadie, la militancia no debe blindar a nadie y una acusación de narcotráfico no puede convertirse en arma electoral sin pruebas. Y en Chihuahua, entre la disputa por la soberanía, el futuro electoral y el destino de los funcionarios involucrados, todavía hay demasiadas preguntas que no pueden contestarse con un micrófono.

@JErnestoMadrid
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