Ernesto Madrid

Bajo la consigna de que “el presidente trata de engañar, trata de distraer”, poque sus empresas no han recibido adjudicaciones y contratos en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando estuvo al frente, la aspirante panista Xóchitl Gálvez demando a la Fiscalía General de la República conocer los expedientes de los casos que se siguen en su contra.

La realidad es que el presidente López Obrador ha sido insistente en las probables ilegalidades de Gálvez e incluso ya afinó su puntería cuando señaló que cuenta con información de que se trata de 70 millones de pesos que obtuvo para sus empresas cuando era jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

Por lo que Xóchitl Gálvez argumento que “yo solo fui delegada dos años (en la Miguel Hidalgo); mis empresas tienen 31 años”, dijo sobre los señalamientos a High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) ya que “en medios de comunicación, diversos denunciantes hicieron públicos los acuses de recibido de denuncias en mi contra y es posible que estas denuncias y sus respectivas Investigaciones recaigan por competencia en esta fiscalía”, debo tener acceso a los expedientes.

Gálvez adelantó que sus abogados presentarán la misma solicitud para conocer los expedientes en su contra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a donde el morenista Víctor Romo ex alcalde de Miguel Hidalfo y siete años después, presentó una denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de interés.

Según el exfuncionario local ella entregó manifestaciones de construcción y permisos para levantar dos desarrollos inmobiliarios. Según la acusación, las empresas de Gálvez fueron las que se encargaron de los proyectos que tuvieron un valor cercano a los 70 millones de pesos, de dónde salen los argumentos presidenciales. Acusándola de que “no puede ser que ella teniendo esa información privilegiada de todos los desarrollos, de todas las obras en una alcaldía, inmediatamente fuesen contratadas ambas empresas”.

Lo obscuro del caso es que Gustavo García, quien fue secretario de Gobierno en la Miguel Hidalgo en la época de Romo dijo que los delitos de los que está acusada, involucran las dos empresas familiares de la senadora, que fueron contratadas para realizar los desarrollos Distrito Polanco, un edificio sobre el Periférico, y One Marina Park, otro edificio sobre Marina Nacional, del Grupo Inmobiliario Simetric.

Pero lo más delicado es que la entonces jefa delegacional, no se excusó de la supervisión y verificación de las obras, que de ser cierta la imputación, debió haber hecho para evitar incurrir en un conflicto de interés y, hasta en un posible tráfico de influencia por lo que van a ampliar la demanda para incorporar en la investigación la construcción de la plaza comercial Altezza, en las Lomas de Chapultepec, desarrollada por la constructora Altezza, que, de acuerdo con el abogado, utilizó el mismo ‘modus operandi’ empleado en Distrito Polanco y One Marine Park.

Descarrilarla es el propósito y por eso se han sumado todos sus adversarios morenistas, aunque sea a destiempo y podrían poner en jaque las aspiraciones de Xóchitl Gálvez que tendría que redireccionar su postura para enfocarse en su defensa y no manchar los esfuerzos opositores.