No se ha determinado aún si son de procedencia ilícita los 59 millones de litros asegurados en una planta de almacenamiento de la empresa Gas Natural del Noroeste, filial del grupo SIMSA, ubicada en la comunidad de La Fragua del municipio guanajuatense de San José Iturbide.

Grupo SIMSA, de los hermanos Salomón y Nessim Issa Tafich, dice no ser dueña de un combustible que solo almacena e insiste que todo es legal; la gobernadora panista de Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo, afirma que la empresa no ha demostrado documentalmente el origen del hidrocarburo; y la FGR no ha podido determinar su trazabilidad.

De ahí que, sobre todo a la Fiscalía, se le atribuya haber hecho un ridículo de antología (un “gran oso” para usar el término coloquial de los tiempos que corren) al informar de un golpe sin precedente -“histórico” se dijo- contra el huachicol.

El asunto ya hizo rodar la cabeza de Juan Francisco Vera Ayala, delegado en Guanajuato de la FGR. Y a ella ya la obligó a que reformule los términos de la imputación o la retire.

Sin embargo, es preciso ampliar el contexto del desempeño de la empresa involucrada. No es la primera vez que Grupo SIMSA debe salir a defenderse por presuntas irregularidades en sus actividades.

Si bien insiste que en este caso la operación de su planta de almacenamiento y la distribución de combustibles cuenta con los permisos y, por lo tanto, es completamente lícita, hay hechos que levantan dudas, como el de aparecer en la lista de entidades sancionadas entre las reguladas del sector hidrocarburos.

Esto se remonta al sexenio 2012-2018 de Enrique Peña Nieto en el que -al amparo de la apertura del sector a los privados como resultado de su hoy derogada reforma energética- se le otorgaron 31 permisos, convirtiéndose en una de las empresas favoritas del sector durante esos años.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió en 2025 el listado de regulados sancionados del sector hidrocarburos, donde a la filial de SIMSA Gas Natural del Noroeste, permiso G/20035/TRA/2017, se le aplica una sanción de 22.8 millones de pesos por incumplir con las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de los petrolíferos, por modificar las características del sistema de transporte sin autorización previa y por no acreditar la propiedad o posesión de la infraestructura utilizada, temas íntimamente ligados con la trazabilidad de los combustibles.

Tal vez sea tiempo de aclarar qué tipo de acciones cometió en específico para ganarse una sanción de casi 23 millones de pesos en su infraestructura de Jalisco. Si no se trata de combustible ilegal, podría tratarse de la realización de obras ilegales o del uso de equipo no declarado.

Y esto nos remite a Quintana Roo, donde SIMSA y Gas Natural del Noroeste trabajaron y realizaron obras durante aproximadamente cuatro años sin mostrar la documentación ni los permisos de los distintos órdenes de gobierno y que incluso algunas de ellas les fueron clausuradas por afectaciones a la movilidad de gran parte de la Riviera Maya y por poner en riesgo la seguridad y la salud de las personas.

En materia ambiental, por citar un ejemplo, no hay una justificación clara sobre la no presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su primera etapa de las obras desarrolladas en la región, acción que tuvo que haberse llevado ante la ASEA y de la cual no se hizo público el informe preventivo y solo se les eximió de dicha obligación.

Debe verificarse si el trazo tuvo consecuencias ecológicas y afectó los humedales y manglares de Nichupté, pues gran parte de las obras se encuentran cercanas a éste; o si hubo modificaciones a los trazos originalmente aprobados. Asimismo, se desconoce el motivo por el cual se terminaron anticipadamente los permisos de distribución y transporte que amparaban dichos trazos y si la totalidad de la infraestructura se regularizó con nuevos permisos.

Por otro lado, los permisos y estudios de riesgo locales nunca fueron dados a conocer, por lo que no se tiene certeza si iniciaron obras antes de contar con los mismos, o se realizaron sin ellos.

Lili Campos Miranda, alcaldesa panista entre 2021 y 2024 del entonces llamado municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, giró instrucciones para revocar las licencias de la empresa en la localidad, sin que se tenga conocimiento público de qué sucedió finalmente, pues las obras fueron concluidas.

Esta información que debería ser pública no ha sido dada a conocer y aunque se solicitó vía transparencia, se está en espera de ella. Sin embargo, mientras esto sucede y se documentan las inconsistencias en las justificaciones de SIMSA en sus distintitos proyectos, son palpables las afectaciones a la población y al medio ambiente, así como la presunción de estar ligados a actividades no regularizadas.

Instantánea:

1. TADDEI Y SU MENSAJE A “SOMOS”. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó ante el Consejo General que la confianza en el instituto electoral la otorga la ciudadanía. Se construye cada vez que una persona acude a un módulo y entrega sus datos personales, cuando acepta integrar una casilla y cuando participa en la organización y vigilancia de las elecciones. Esa confianza exige trabajo cotidiano y cuentas claras, no discursos complacientes. El mensaje, hasta donde puede apreciarse, tuvo destinatario político. El nuevo partido “Somos” puede cuestionar decisiones, pedir información y debatir en la herradura de la democracia, pues para eso tiene un lugar en el Consejo General. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra aprovechar cada intervención para insinuar que el Instituto ha perdido la confianza pública. Más aún cuando entre sus representantes hay quienes conocen desde dentro el trabajo de la autoridad electoral. Taddei sostuvo que el INE responderá las solicitudes y que, al concluir el proceso electoral 2026-2027, entregará cuentas de su actuación. Hasta entonces, quienes quieran disputar decisiones tendrán argumentos y cauces para hacerlo. Pretender que la confianza ciudadana desaparezca por una ofensiva discursiva confunde la promoción de un partido con la realidad de una institución que sigue trabajando en todo el país, sostuvo Taddei.

2. CAE OTRO NARCOMUNÍCIPE. El pasado miércoles 23 de septiembre fue detenido en un operativo estatal-federal de alto perfil, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Manuel Sánchez Altamirano alias “Quetu”, por presunta extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, delitos contra la seguridad del Estado, narcomenudeo, homicidios, tráfico de personas y protección a grupos criminales, sobre todo a la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trata, al parecer, de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de impunidad entre los grupos políticos del Istmo de Tehuantepec. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, declaró sobre esta captura que “en Oaxaca nadie estará por encima de la ley y aplaudió la coordinación operativa y de inteligencia entre el gobierno estatal y el gabinete de seguridad federal para impedir cualquier intento de impunidad.

3. BALAZO EN EL PIE. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) le puso números a la ocurrencia del Paquete Económico 2027 de subir el Derecho de No Residente (DNR) de 983 a mil 334 pesos, un aumento de 35.8 por ciento por visitante. Argumenta que no es un ajuste, sino un balazo en el pie, pues encarecer la llegada a México le resta competitividad directa frente a otros destinos caribeños como República Dominicana, Jamaica y las Bahamas, donde asegura coloquialmente que se pelea a navajazo limpio cada turista norteamericano. El costo lo pagarán miles de empleos en Quintana Roo. Lo más grave es la incongruencia que denuncia el Consejo: le cobran más al turista, pero no invierten un peso en traerlo. El sector exige que parte de esa recaudación se destine de forma permanente y transparente a la promoción turística, con reglas claras y participación privada. Porque cobrar más sin mejorar migración, sin resolver el sargazo -aunque ahora por fin le ponen presupuesto- y sin invertir en promoción, es solo ordeñar al sector que más divisas le da al país.

4. CONTINÚA LA AMENAZA DE “POLO”. Acapulco y otros destinos turísticos de Guerrero no salen de unas y ya están en otras. Toda su zona costera resiente los efectos severos del huracán Polo que hasta anoche continuaba con categoría 5, una trayectoria paralela al litoral y sin pronóstico de impacto directo en tierra, pero con lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Las autoridades guerrerenses, con la gobernadora Evelyn Salgado al frente, coordinan los protocolos preventivos y atienden los reportes ciudadanos por la presencia de lluvias, además de mantener un monitoreo del fenómeno y sus efectos. Hasta ahora el saldo es blanco y, aunque lentamente, el ciclón tropical va alejándose paulatinamente de la entidad.

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