Los nuevos centros penitenciarios sumarán 18 mil 480 espacios para despresurizar penales estatales y reforzar el control sobre internos de alta peligrosidad.

Por Redacción

Ciudad de México — Como respuesta a los recientes hechos de violencia y riñas carcelarias registrados en el país —particularmente los disturbios suscitados en el centro penitenciario de Mazatlán, Sinaloa—, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció un plan estratégico para la construcción de seis nuevos centros penitenciarios de orden federal, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios.

El objetivo central del proyecto es despresurizar los penales estatales con problemas de sobrepoblación y evitar el autogobierno de grupos criminales, facilitando el traslado y aislamiento de reos del fuero federal o de alta peligrosidad que actualmente saturan recintos locales no aptos para su custodia.

Despresurización y control penitenciario

Durante la presentación de la estrategia de seguridad, el secretario subrayó que las pugnas al interior de los centros de reinserción social derivan comúnmente de la concentración de perfiles delictivos de alto impacto en cárceles con infraestructura y esquemas de vigilancia vulnerables.

La incorporación de más de 18 mil nuevas plazas permitirá reorganizar el sistema penitenciario nacional, garantizando que reclusos vinculados a organizaciones delictivas cumplan sus procesos bajo regímenes de máxima seguridad y estricta vigilancia tecnológica, limitando su capacidad operativa tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Protocolos y coordinación en Sinaloa

El anuncio surge en el marco de las revisiones de seguridad detonadas por los enfrentamientos en el penal de Mazatlán, donde corporaciones estatales y federales tuvieron que intervenir para retomar el control tras registrarse conatos de violencia interna.

García Harfuch reiteró que la Federación trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatales no solo en operativos de contención y decomiso de objetos prohibidos dentro de las celdas, sino en una reestructuración de fondo que dignifique las condiciones de reclusión y garantice el orden legal en los centros penitenciarios de México.