• La advertencia de Trump de que aún no ha desplegado toda su fuerza por tierra se suma a la presión de Washington sobre México. El Gabinete de Seguridad responde con detenciones y decomisos, pero los señalamientos públicos contra políticos y funcionarios siguen sin traducirse, de manera visible, en acciones equivalentes contra ellos.
Ernesto Madrid
Donald Trump volvió a subir el tono. Este jueves advirtió que Estados Unidos todavía no ha empleado toda su fuerza contra los cárteles en territorio mexicano y que las operaciones por tierra comienzan a tomar forma. “Ni siquiera hemos empezado”, dijo. También insistió en que los grupos criminales “controlan México” y sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha logrado contenerlos.
No es una amenaza aislada. Al menos tres señales recientes dibujan la escalada: el 22 de septiembre, Trump prometió ante la ONU utilizar un poderío militar sin precedentes contra los cárteles; a principios de octubre, el zar antidrogas estadounidense, Sara Carter, advirtió que Washington tiene en la mira a funcionarios y gobernadores presuntamente vinculados con el narcotráfico; ahora, el presidente estadounidense vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de acciones terrestres. No es un recuento de todas sus declaraciones, sino de tres episodios recientes que muestran la dirección de la presión.
¿Y cuál es la respuesta mexicana?
El mismo día de la advertencia, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de siete personas en Culiacán, Sinaloa, tras cinco cateos en Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica. Las autoridades aseguraron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, presunta cocaína, otros narcóticos, dinero y vehículos. Entre los detenidos hay familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, identificado como líder de una célula vinculada con la facción de Los Mayos.
Es un operativo relevante. Pero también revela el límite de la respuesta que se comunica públicamente: detener operadores criminales no es lo mismo que esclarecer posibles vínculos entre el crimen organizado y las estructuras políticas o económicas.
Porque los nombres que han aparecido en denuncias, investigaciones periodísticas y señalamientos públicos no son menores: Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda y el entorno empresarial de Andy y Bobby López Beltrán, incluido Amílcar Olán. Eso no significa que todos enfrenten una investigación formal ni que exista responsabilidad penal acreditada contra ellos. Precisamente por eso, las autoridades deben aclarar qué expedientes existen, qué pruebas se han reunido y qué actuaciones proceden en cada caso.
El caso de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, ilustra la dimensión del problema. El operador señalado como integrante relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en octubre. Su nombre ya había aparecido en audios difundidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y, más recientemente, por Latinus. En esas grabaciones atribuidas a los hermanos Luis Alberto y Amílcar Olán se habla de contactos con “El Tanque” y de una presunta intervención para frenar extorsiones contra un proveedor de balasto. El Departamento del Tesoro estadounidense lo había identificado como operador del CJNG. Los audios justifican preguntas e investigación, pero por sí solos no prueban que los hermanos López Beltrán hayan participado en delitos.
La pregunta es por qué la eficacia que el gobierno presume contra determinadas células criminales no se acompaña de la misma claridad pública sobre las investigaciones que pudieran involucrar a funcionarios, políticos o empresarios cercanos al poder.
Sheinbaum sostiene que la cooperación con Estados Unidos no implica subordinación y rechaza una intervención militar extranjera. Tiene razón en que la soberanía debe respetarse. Pero la soberanía no puede convertirse en una respuesta automática para cerrar preguntas sobre corrupción o posibles redes de protección política.
Trump está utilizando la amenaza militar como instrumento de presión. México responde con operativos, detenciones y decomisos. Sin embargo, mientras no haya información clara sobre las investigaciones que involucran a figuras públicas, la respuesta seguirá pareciendo incompleta.
La prueba para el gobierno no consiste solamente en demostrar que puede detener a familiares, operadores y presuntos integrantes de los cárteles. Consiste también en acreditar que la ley alcanza a todos, sin importar el cargo, el apellido o la cercanía con el poder.
Porque si la presión de Washington crece y la respuesta mexicana se concentra en los eslabones operativos, pero no explica qué ocurre con los señalamientos contra funcionarios, la pregunta seguirá vigente: ¿se está desmontando la estructura criminal completa o solamente la parte que resulta políticamente menos costosa?
@JErnestoMadrid
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