MIAMI / CIUDAD DE MÉXICO. — La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por la justicia mexicana, tras permanecer cinco años fuera del alcance de las autoridades.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura, señalando que el aseguramiento fue resultado del intercambio de información y la colaboración institucional con autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con la dependencia, el arresto responde inicialmente a su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, manteniéndose vigentes mandamientos judiciales en territorio nacional.
El entramado judicial y desvío millonario
Las indagatorias contra Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, comenzaron formalmente en 2021. La FGR los señala como presuntos partícipes en una red delictiva dedicada a desviar recursos públicos a través de empresas fachada vinculadas a contratos de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El expediente penal abarca contratos que suman cerca de 2 mil 950 millones de pesos. Dentro de esa estructura financiera, a la expresentadora se le atribuye la recepción directa de más de 14.8 millones de pesos mediante depósitos de compañías factureras. Entre los cargos formulados por las autoridades mexicanas figuran:
- Delincuencia organizada
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
- Peculado
- Defraudación fiscal equiparada
Por su parte, la defensa legal de Gómez Mont ha sostenido que las acusaciones responden a una persecución política en su contra.
El antecedente de la ficha roja de Interpol
El arresto ocurre semanas después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) levantara, a finales de septiembre de 2026, la ficha roja de localización emitida contra la pareja en 2021, tras solicitudes interpuestas por sus abogados.
Pese a dicha cancelación administrativa, el gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, precisó en su momento que las órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales permanecían activas e independientes de los mecanismos de Interpol. Las autoridades de procuración de justicia continuarán el trámite diplomático correspondiente para formalizar la extradición de la conductora a México.
