Ernesto Madrid

Con al menos seis marchas en su intento por llegar al poder ejecutivo, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a las calles el próximo 27 de noviembre, en lo que refleja su desesperación por conseguir una reforma electoral constitucional que asegure el triunfo de su ‘transformación’ en 2024 y bajo el argumento de que sea la gente la que diga si está en favor de su gobierno.

Sin duda, es el ‘musculo político’ del presidente y su arma con la que había logrado privatizar las calles, en el entendido de que solo sus manifestaciones cuentan, sus bloqueos son legítimos y sólo sus convocatorias llenan las plazas.

Aunque el mandatario haya dicho lo contrario al descartar que la manifestación “sea para mostrar músculo”, la realidad es que el anunció lo hace luego de una semana que precedió con el rosario de insultos y amenazas y se ha venido prolongando hasta estos días después de la marcha que organizaciones de la sociedad civil realizaron en defensa del INE.

Sin duda, también dejó entrever que sus ataques fueron muy visibles, directos y apuntando a diversos actores de la política, como legisladores, un expresidente, periodistas, un ex rector de la UNAM, el exconsejero del ahora INE y la propia iglesias católica, con el mensaje y el hostigamiento de que desde Palacio Nacional los están observando.

Lo anterior advierte que el plan ‘B’ del presidente y su regreso a las calles vislumbra una crisis política cuyo fin aún no se pude advertir ya que sería el resultado de un arreglo político que no reconocería un segmento importante de la sociedad civil en su intención de conseguir lo que logró con las reformas respecto a la energía eléctrica y la Guardia Nacional, violar la Constitución.

Lo cierto es que legisladores del PAN, PRI, PRDM, MC y Grupo Plural en el congreso han dejado en claro la ilegalidad al pretender modificar las reglas electorales a través de las leyes secundarias, como lo hizo el senador Ricardo Monreal quién se ha convertido en el ‘rebelde’ de Morena, quién señalo que no es posible modificar la composición del INE, reducir legisladores y elegir a consejeros y magistrados mediante el voto popular sin cambiar la Constitución, como plantea el Mandatario.

Mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, reconoció que reformar la estructura electoral con leyes secundarias implica perder 90% de la propuesta presidencial.

Para los especialistas la propuesta original de López Obrador no puede trasladarse a leyes secundarias, salvo que pretenda violarse la Constitución. “El problema es la Corte, que ha sido omisa y lenta en resolver temas. Ese es el riesgo, y si cuatro ministros se pronuncian a favor del cambio, podría haber un gran conflicto, si la ley dice una cosa y la Constitución otra. El presidente puede crear un conflicto enorme entorno a la elección de consejeros”.

En el contexto habrá que señalar que en el presidente está la intención que quiere que la nueva presidenta de la Suprema Corte sea la ministra Esquivel, esposa de su constructor favorito, José María Rioboó incluso se ha filtrado que desde Palacio Nacional se haría todo lo posible por apoyar a la ministra Yasmín Esquivel, que pondría a sus operadores políticos a trabajar.

Entre los dichos del presidente y a propósito de la iniciativa, está en el que su llamado ‘plan B’ de reforma electoral puede proponer la reducción del presupuesto para el órgano electoral sin violar la Constitución lo cuál ha permeado entre la sociedad por eso señala que “sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria para avanzar en la democracia”, que ha sido el ostensible bandera de sus manifestaciones callejeras al no reconocer sus derrotas.