Ernesto Madrid

El primero inculpado por el caso Segalmex llego a una jueza federal con residencia en el Reclusorio Norte que vinculó a proceso al exdirector de Administración y Finanzas del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana René Gavira Segreste, por uso indebido de recursos públicos.

Pero el tamaño de su desvío no alcanza la dimensión del verdadero desfalco considerado como más grande que la “Estafa Maestra” por la que estuvo en la cárcel Rosario Robles al llegar a 9 mil millones de pesos.

En este caso y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el imputado entregó múltiples contratos sin licitar, realizó compras simuladas y llevó a cabo gastos no acreditados por más de mil 500 millones de pesos durante su gestión de tan sólo un año.

La realidad es que las verdaderas investigaciones deberán llegar hasta el director general Ignacio Ovalle Fernández —gran amigo y primer jefe en el sector público de Andrés Manuel López Obrador— ex priista que ocupó diversos cargo como en 1988 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari, lo nombró director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), iniciando un proceso para liquidarla, poniendo a la venta sus activos y cerrando sus tiendas al público, además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía a los campesinos.

Además, en sus últimas iniciativas como director de CONASUPO fue el otorgamiento de un subsidio consistente en un kilo de tortilla diario a familias consideradas en situación vulnerable. Este beneficio, denominado tortivale, fue severamente criticado y considerado como populista y destinado a la compra del voto por lo que fue removido de su cargo en noviembre de 1990 y de ahí los escándalos que ha atravesado en su cargo como priista.

Incluso se llegó a decir que su incorporación el “amloísmo tendría una pieza clave que sabe muy bien cooptar el voto corporativo” y que al final resulto en un desfalco quizás, como dice el libro El Rey del Cash, ‘si te acusan, te callas y te echas la culpa”.

No obstante, desde las páginas del El Universal hoy se advierte que, desde la Cámara de Diputados, los morenistas encabezados por Ignacio Mier Velazco están dispuestos a darle protección a los funcionarios salpicados por el escándalo de Segalmex, cuyas carpetas de investigación están en la Fiscalía General de la República (FGR).

“El poblano lleva varios días operando para impedir que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cite a comparecer a Leonel Cota, a fin de que explique el avance de las denuncias e investigaciones que permitan clarificar el destino de 9 mil millones de pesos”.

La pluma del columnista Mario Maldonado desnuda el caso y señala que este nuevo escándalo está relacionado con la compra de jabones y blanqueadores para las tiendas Diconsa por un monto de 9 mil 976 millones de pesos e incluso tiene documentos en poder que confirman la adjudicación directa, concretado el pasado 8 de agosto y reportado en la plataforma Compranet siete días después, que se hizo a la empresa Jabonera La Espuma SA de CV.
“En una sola adjudicación, los nuevos operadores de Segalmex superaron los miles de millones de pesos de posible desfalco que se registró en Diconsa y Liconsa —empresas públicas subsidiarias de Segalmex— durante la primera parte del sexenio”.
Otro caso cuestionado de corrupción en la presente administración.