CIUDAD DE MÉXICO. — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), levantó el pasado 5 de noviembre de 2026 el bloqueo sobre dos cuentas bancarias pertenecientes al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las cuales recibe el pago de tres pensiones, según dio a conocer en exclusiva el periodista Arturo Ángel a través de Milenio.

De acuerdo con el reporte periodístico, la notificación a las instituciones financieras se realizó mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026. Autoridades federales señalaron que la decisión se ejecutó en acatamiento a una medida cautelar concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de que la defensa del exmandatario promoviera un juicio de nulidad contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.

Entre los datos vinculados al caso proporcionados para este reporte figura la referencia bancaria 4027660019139056, mientras que fuentes oficiales precisaron que otros instrumentos financieros ligados a Rocha Moya permanecen inmovilizados al no haber sido incluidos en la orden judicial.

Según detalló la publicación de Milenio, los fondos liberados corresponden exclusivamente a prestaciones de seguridad social y retiro:

  • Primera cuenta: Concentra una pensión por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y una pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  • Segunda cuenta: Recibe los depósitos de una pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El historial del litigio indica que, tras ser congeladas sus cuentas en mayo de 2026, Rocha Moya ejerció su derecho de audiencia ante las autoridades hacendarias; sin embargo, el 4 de agosto del mismo año la UIF resolvió de manera definitiva mantenerlo en la lista de bloqueo. Ante ello, sus abogados acudieron al TFJA —vía avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde diciembre de 2021—, instancia cuyos magistrados otorgaron la suspensión provisional mientras se resuelve el fondo del juicio. Especialistas consultados por Milenio apuntaron que este tipo de suspensiones se conceden únicamente en casos excepcionales.

El bloqueo financiero se originó tras los hechos del 29 de abril de 2026, fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó sobre una acusación penal y órdenes de aprehensión emitidas por una jueza federal de Nueva York contra nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses, incluido Rocha Moya, por presuntos nexos con el tráfico de fentanilo ligado a la facción de Los Chapitos.

Tras solicitar una licencia temporal el 1 de mayo, la UIF incorporó al entonces mandatario a la Lista de Personas Bloqueadas el 18 de mayo a raíz de alertas emitidas por la banca mexicana, medida que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió en su momento como un procedimiento preventivo automático. Posteriormente, tras retomar brevemente el cargo el 21 de agosto y solicitar licencia indefinida al día siguiente, el Congreso de Sinaloa aprobó la salida definitiva de Rocha Moya de la gubernatura el 23 de agosto de 2026.

En el ámbito penal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación en México, donde el Gobierno federal ha señalado que requiere mayores elementos probatorios por parte de Estados Unidos para proceder con una eventual detención con fines de extradición. Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene el estatus de prófugo para Rocha Moya —a quien un gran jurado atribuye tres cargos de conspiración por narcotráfico y delitos con armas de fuego— y para otros exfuncionarios como el senador Enrique Inzunza, mientras que dos excolaboradores de su administración, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente en Estados Unidos para negociar acuerdos de colaboración.