Ernesto Madrid

El panel de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está en la mesa de las discusiones de los tres países involucrados, que para las autoridades de nuestro país parece ser un asunto sin importancia, pero de acuerdo con los términos, se tendrá que resolver en 75 días.

En el fondo de las diferencias están involucradas todas las cadenas de valor del sector energético, transportación de gas natural, transportación de petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y en la Industria Eléctrica, dicho de otra forma, si el fallo es negativo las exportaciones mexicanas corren el riesgo de ser castigadas con aranceles.

Pero si nos vamos más a fondo hay que dejar en claro que las consultas no son “politiquería” porque el resultado podría derivar en un panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como sanciones multimillonarias en contra de México, que para el presidente López Obrador parece ser cosa menor y pese a que lo traen a ‘sombrerazos’, ya que su respuesta de entrada, fue muy irónica cuando parafraseo a su paisano Chico Che en donde menciona “uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando”, parece no tener importancia.

Si lo vemos de una manera realista, como lo ha señalado los partidos de oposición, PAN y PRI en particular y la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el tema podría terminar en un enfrentamiento afectando las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, además de no abonar a frenar la crisis climática.

O bien, como dicen los patrones de México, en materia energética, específicamente, se está colocando en el centro de la política energética de México en favorecer a PEMEX y a CFE para seguir subsidiando sus ineficiencias y pérdidas las cuales para el periodo 2019 – 2021 ascendieron a 1.052 billones de pesos y 210 mil millones de pesos respectivamente, y sin contar los subsidios.

Lo delicado del caso es que el mandatario mexicano dichas consultas pudieron ser promovidas por personas “que se dedicaban a saquear a México”, los corruptos vamos, y que se han visto afectadas por sus políticas energéticas, como las del exsecretario de Economía Idelfonso Guajardo quién, para el presidente, comprometió en un capítulo la política energética, violando la soberanía del país por lo que se defenderá a México si se trata sólo de una sanción política.

El meollo del asunto se centra en cuatro puntos del Tratado entre México, USMCA, por sus siglas en inglés:

1.- La Reforma a la Ley de la Industria de Energía Eléctrica, en donde habría que anotar la trampa de fondo en donde el gobierno federal se puso el pie, que tiene que ver que al no poder cambiar la Constitución para modificar las reglas del juego en materia energética, lo que hizo es cambiar leyes secundarias y adoptar medidas administrativas, que al beneficiar a Pemex y a la CFE, ponen la cancha de juego dispareja, violando varios preceptos del TMEC.

2.- Las gasolinas: En diciembre de 2019, el regulador de energía de México otorgó a Pemex, pero no a otras empresas, incluidas las empresas estadounidenses, una extensión de cinco años para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según su estándar de combustible cuyo detalle recae en ese lapso, Pemex tendría que comprar diésel de azufre ultra bajo importado de los Estados Unidos o mejorar sus instalaciones para producir el combustible en cantidades suficientes.

3.- Reglas del gas natural: En junio de 2022, la Secretaría de Energía notificó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Operador del Sistema Nacional de Gas Natural (CENAGAS) un cambio en la política que requeriría, entre otras cosas, que los usuarios de la red de transporte de gas de México demuestren que obtienen gas natural de Pemex o CFE, -que publicamos en este espacio esta misma semana- y que podría impactar en el precio de las gasolinas. En este asunto apenas el lunes pasado el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión provisional para frenar la estrategia, mientras se resuelve el amparo.

Y los reclamos.- México están restringiendo la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, en el sector energético de México que incluyen acciones que no se limitan a, retrasar, denegar o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar los permisos existentes; o bloqueando de otro modo la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable, como instalaciones eólicas y solares, para importar y exportar electricidad y combustible, para almacenar o transferir combustible, y para construir u operar estaciones de combustible minoristas.

Lo interesante del caso es que, en junio de 2019, el actual Senado de López Obrador ratificó el TMEC por una votación de 114 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones y lo interesante además es que, en las negociaciones para la firma, estuvo Jesús Seade Kuri ahora embajador de México en China y quién ahora llama el presidente López Obrador para que apoye en la respuesta que dará su gobierno a las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá.

Lo encantador del caso apenas comienza y los próximos 30 días serán interesantes para conocer la primera resolución luego de más de 16 reuniones desde diciembre con empresarios estadounidenses en Palacio Nacional, dieciocho meses de protestas de empresas estadounidenses y canadienses que no movieron para nada a López Obrador y en la posibilidad de que los países socios, al final puedan pedir un panel que revise el litigio.

El costo sería para toda la economía, pues eso implicaría afectar el crecimiento del país y la incertidumbre que esto inyecta a los inversionistas privados que han disminuido hasta un 7.6 %, sus capitales del nivel con el que cerró el sexenio anterior.

El balón lo tiene México y cualquier resolución que tome, ya sea bajo sus propias creencias o como de estado, traerá consecuencias, porque los términos son claros y fueron avalados por su propio representante.