CIUDAD DE MÉXICO / QUERÉTARO.— Frente a los recientes señalamientos del Ejecutivo federal, trascendió que el Gobierno del Estado de Querétaro notificó en tiempo y forma a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, a territorio queretano.
El desmentido documental ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara en su conferencia matutina que “llamaba la atención” la presencia del diplomático estadounidense junto al gobernador Mauricio Kuri González en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, supuestamente sin conocimiento ni participación de la Cancillería y del gabinete de Seguridad federal.
Notificación con sello de recibido
De acuerdo con el documento oficial suscrito por el mandatario estatal y remitido al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, el gobierno queretano emitió la notificación desde el pasado 23 de septiembre de 2026.
La misiva cuenta con acuse y sello de recibido por parte de la dependencia federal fechado el 25 de septiembre a las 9:30 horas, es decir, siete días antes de que se llevara a cabo el acto público el 2 de octubre.
En el oficio se detalla que la comunicación se realizó “en cumplimiento de lo instruido por el Consejo de Seguridad Nacional, mediante oficio STCSN/0065/2026, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, así como garantizar una conducción ordenada y eficaz de los asuntos relacionados con la cooperación internacional”.
Fines protocolarios
Asimismo, el documento precisa el marco institucional bajo el cual se desarrollaría la reunión:
“La interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”.
Con estos elementos documentales, la administración estatal acreditó que los canales de comunicación y los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional fueron atendidos antes de concretarse el acto oficial.
