Ernesto Madrid

Es evidente que “la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no cambiará el curso de la política energética de su país sin una presión continua, directa y contundente del Gobierno de Estados Unidos”, alertó la IP de la nación vecina al señalar que es necesario que la administración de Joe Biden utilice “todas las herramientas disponibles” para presionar.

Grupos empresariales que representan a productores de petróleo, electricidad renovable y fabricantes estadounidenses advirtieron que México no se ha involucrado constructivamente en las consultas que comenzaron en agosto, ni ha tomado medidas significativas para abordar los problemas planteados por EU.

En una carta enviada a la representante comercial de EU, Katherine. Tai, el Instituto Americano del Petróleo, la Asociación Estadounidense de Energía Limpia y la Asociación Nacional de Fabricantes demandaron a la funcionaria a abordar las quejas en contra de la política energética nacionalista de Obrador que, según Estados Unidos, viola el T-MEC.

Pero López Obrador niega lo anterior bajo el argumento de que Estados Unidos debe respetar la soberanía de México lo cual no comparten los empresarios estadounidenses que acusan que las políticas mexicanas privilegian a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad violando la reglas que entraron en vigor en 2020 para reemplazar al TLCAN tras dos décadas de antigüedad en dónde Canadá se sumó al presentar una solicitud similar para conversaciones sobre la política eléctrica de México.

Argumentan que la política energética, agrega costos para los fabricantes que dependen de los contratos existentes con los proveedores de energía y les dificulta cumplir con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que ralentiza el despliegue de energía renovable en México y si EU decidiera escalar el conflicto, el siguiente paso en el marco del T-MEC sería convocar a un panel de resolución de disputas similar al de 2022 sobre automóviles pero hasta ahora las dos partes acordaron en octubre extender las consultas más allá de un período obligatorio inicial de 75 días.

La realidad es que, si en un hipotético panel fallara en contra de México, el país podría tener que pagar aranceles por hasta 30 mil millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con la agencia Bloomberg News que consultó a exfuncionarios que negociaron el acuerdo en la época en que Estados Unidos y Canadá presentaron la queja por primera vez en julio.