Pasada la medianoche, ya este 11 de septiembre de 2024, Morena, el partido que gobierna México con mayoría aplastante, logró sacar adelante uno de los cambios en la Constitución más controvertidos de la historia reciente del país. Una reforma judicial que pretende cambiar de arriba abajo el sistema de justicia y que sume a México en un terreno desconocido, lleno de incertidumbre. Ningún país en el mundo del tamaño de México ha elegido hasta ahora a sus jueces por voto popular, la piedra angular de la enmienda. Una reforma constitucional que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha perseguido el último año de su mandato y que consigue a menos de un mes de ceder el poder a Claudia Sheinbaum, su sucesora, que ha apoyado sin equívocos la enmienda. Lo ha conseguido gracias al apoyo in extremis de una de las familias políticas que más ha criticado en la última década: los Yunes, panistas, es decir, némesis de López Obrador, acorralados por la justicia y que, en el último momento, dieron su brazo a torcer para permitir la mayoría calificada de 86 votos que necesitaba Morena.
Se trata del cambio más importante al sistema judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte se redujo de 23 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura. La propuesta se ha abierto finalmente camino entre enormes presiones y advertencias a lo largo de meses. El peso mexicano ha sufrido una depreciación debido a la incertidumbre de los inversionistas, que temen que la judicatura pierda independencia respecto del Ejecutivo. El gobierno de Estados Unidos ha hecho eco de esas preocupaciones, lo que a su vez derivó en el asomo de una crisis de vuelos diplomáticos. Grupos de ciudadanos, nutridos por contingentes de trabajadores del Poder Judicial, han salido a protestar a las calles y han intensificado sus movilizaciones.
