• En el aniversario de la Independencia, la presidenta advierte que México “no se doblega”; Trump reconoce avances contra el narco, pero exige más: perseguir a funcionarios corruptos y reforzar la seguridad. La disputa deja una pregunta incómoda: ¿se defiende al país o se protege al poder?
Ernesto Madrid
México celebró este 16 de septiembre su Independencia con dos discursos que, leídos uno frente al otro, parecen hablar de países distintos.
Desde el Zócalo, Claudia Sheinbaum afirmó que México “no será nunca colonia ni protectorado de nadie”, que “no se doblega, no se arrodilla” y “nunca se vende”. La presidenta colocó la soberanía y la dignidad nacional como eje de su mensaje.
Desde Washington, Donald Trump reconoció los esfuerzos de Sheinbaum contra el narcotráfico: más decomisos, destrucción de laboratorios y mayores recursos de seguridad. Pero inmediatamente después puso el dedo en otra parte: dijo que México debe hacer más contra las organizaciones criminales, incrementar las inspecciones, invertir más en seguridad y, sobre todo, “exponer, detener y procesar” a funcionarios públicos corruptos que hayan ayudado o encubierto a los cárteles.
Ahí está la contradicción.
Mientras la narrativa oficial mexicana habla de soberanía frente a las presiones extranjeras, Washington está colocando sobre la mesa algo mucho más incómodo: la soberanía no sólo se pierde cuando interviene otro país; también se erosiona cuando funcionarios del propio Estado son capturados por el crimen organizado.
Y no es un asunto menor.
La propia Sheinbaum ha dicho en meses recientes que, si existen pruebas contra funcionarios vinculados con grupos criminales, deben ser detenidos y procesados. En junio sostuvo que México debe investigar y actuar cuando existan denuncias y pruebas; en julio afirmó que su gobierno ha detenido a funcionarios públicos cuando existen evidencias de vínculos con organizaciones criminales.
Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿Dónde termina la defensa de la soberanía y dónde empieza la defensa de los funcionarios?
Porque Trump no está pidiendo públicamente que México entregue su soberanía. Está exigiendo resultados concretos contra el narcotráfico y, particularmente, contra quienes desde el Estado puedan facilitarlo. Eso coloca al gobierno mexicano frente a un espejo incómodo.
Si existen funcionarios corruptos, perseguirlos no debería ser una concesión a Washington. Debería ser una obligación del propio Estado mexicano.
Y ahí aparece el verdadero problema político.
Porque si la respuesta a cualquier señalamiento proveniente de Estados Unidos es hablar de soberanía, pero al mismo tiempo no se transparentan investigaciones, patrimonios, redes financieras y posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, la soberanía corre el riesgo de convertirse en escudo retórico del poder.
El mensaje de Marco Rubio va en la misma dirección. El secretario de Estado estadounidense felicitó a México por la Independencia, pero advirtió que “todavía nos queda mucho trabajo por hacer” y habló de crimen organizado transnacional, narcoterrorismo y violencia de los cárteles.
Y mientras Washington habla de funcionarios corruptos, en México existen casos que siguen alimentando preguntas.
Uno de ellos es el del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, cuyas declaraciones patrimoniales y de intereses permanecen reservadas hasta 2030 bajo el argumento de seguridad nacional, mientras su nombre ha aparecido en el contexto del proceso contra sus sobrinos por presunto huachicol fiscal.
No significa que esa reserva pruebe corrupción ni que el exsecretario sea responsable de los delitos atribuidos a terceros. Pero sí plantea una pregunta legítima sobre la transparencia con la que el Estado enfrenta posibles redes de corrupción dentro de sus propias instituciones.
La paradoja es evidente. En el desfile militar se habló de independencia, soberanía, patria y defensa de la nación. En Washington se habló de cárteles, funcionarios corruptos y complicidades dentro del Estado.
Y quizá la discusión de fondo no sea quién se arrodilla ante quién. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿Puede un gobierno defender la soberanía frente a Estados Unidos mientras evita que esa misma soberanía sea utilizada como argumento para no tocar a quienes desde el poder pudieran estar vinculados con el crimen?
Porque perseguir a un funcionario corrupto no significa entregar México a Trump. Significa, precisamente, recuperar el Estado para los mexicanos.
@JErnestoMadrid
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