• La FGR dice que no pudo localizar al exsecretario de Marina para declarar; la Semar reconoce que sigue activo como asesor y recibe una remuneración cercana a 150 mil pesos mensuales. Sheinbaum afirma que puede decidir si declara, pero la ley establece obligaciones para los testigos debidamente citados.
Ernesto Madrid
Hay algo que no termina de cuadrar en el caso del almirante Rafael Ojeda Durán.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el exsecretario de Marina no está bajo investigación, no tiene una carpeta en su contra y que, al haber sido llamado como testigo en el juicio contra su sobrino político, Fernando Farías Laguna, él decidirá si declara o no.
Pero la ley plantea otra cosa. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un testigo debidamente citado tiene la obligación de comparecer y que, si no se presenta sin causa justificada, el órgano jurisdiccional puede ordenar su comparecencia mediante la fuerza pública.
Por eso la pregunta no es si Ojeda está acusado. No lo está, según la información pública disponible. La pregunta es si fue legalmente citado y, de ser así, por qué no compareció.
La contradicción aumenta cuando se observa la información de la propia Secretaría de Marina.
Mientras la FGR sostiene que no pudo localizarlo para una diligencia judicial, la Semar reconoce que Ojeda continúa “en activo” como asesor del actual secretario de Marina, con carácter honorario, pero conserva la remuneración correspondiente a su grado de almirante, cercana a 150 mil pesos mensuales.
Entonces, ¿cómo puede una institución federal tenerlo registrado, activo y vinculado administrativamente, mientras la Fiscalía dice que no pudo localizarlo?
No significa que exista un delito. Pero sí es una pregunta institucional que requiere respuesta.
Y hay otra.
La declaración patrimonial de Ojeda permaneció reservada hasta 2030. Después de que un reportaje de EL UNIVERSAL reveló esa reserva, la información fue desclasificada. El documento reporta ingresos netos anuales por poco más de 2 millones de pesos y dos créditos hipotecarios contratados en 2020 por alrededor de 6.3 millones de pesos, aunque en la declaración no aparecen inmuebles registrados.
Nuevamente: nada de esto prueba por sí mismo una irregularidad. Lo que sí revela es un problema de transparencia.
Y ocurre precisamente cuando Washington exige a México investigar a funcionarios que, según Estados Unidos, hayan protegido o colaborado con organizaciones criminales.
Sheinbaum tiene razón en una cosa: México no necesita que otro país le dicte cómo hacer justicia. Pero esa soberanía tiene una consecuencia inevitable: México debe demostrar que puede investigar a los suyos.
No se trata de condenar a Ojeda. Se trata de saber si las instituciones cumplen la ley de la misma manera cuando el expediente toca a un exsecretario de Estado.
Porque si el Gobierno sostiene que no existe ninguna investigación contra él, debe explicar por qué fue requerido como testigo, qué autoridad lo citó, si fue debidamente notificado y por qué la Fiscalía no pudo localizarlo.
La transformación prometió transparencia. En este caso, la transparencia no debería llegar después de que los periodistas hagan las preguntas. Debería ser la respuesta del Gobierno.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com