• La presión de Washington llega cuando Morena comienza a definir su mapa de poder rumbo a 2027: coordinadores de la transformación, posibles candidaturas y figuras de alto peso político quedan bajo el reflector, mientras los casos Rocha Moya, Rafael Ojeda, Andy López Beltrán y Amílcar Olán colocan a la FGR ante una exigencia cada vez mayor de resultados.
Ernesto Madrid
“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump, después de que el presidente estadounidense exigiera a México “exponer, detener y procesar” a funcionarios corruptos que hayan ayudado o encubierto a los cárteles. La presidenta reclamó a Washington resultados contra el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas, en un intercambio que terminó con una advertencia de la Embajada estadounidense: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”.
El contexto no es menor. Estados Unidos celebrará elecciones legislativas el 3 de noviembre, mientras en México comienza a definirse el tablero electoral de 2027. Morena ya designa coordinadores estatales de la llamada Defensa de la Transformación, figuras que funcionan como antesala de las candidaturas a gobernador. Entre esos movimientos aparecen grupos políticos vinculados a personajes como los Monreal, Adán Augusto y otros liderazgos nacionales, en un proceso donde también se revisan antecedentes y reputaciones de los aspirantes.
Es justamente en ese escenario donde la presión de Trump adquiere otra dimensión: mientras México prepara su maquinaria política rumbo a 2027, Washington coloca en el centro de la cooperación bilateral las posibles conexiones entre poder público y crimen organizado. No se trata de afirmar que todos los señalados sean culpables; se trata de que algunos nombres y grupos políticos ya aparecen en investigaciones, acusaciones o señalamientos que las autoridades mexicanas deben esclarecer.
El caso más visible es Rubén Rocha Moya. Han transcurrido 142 días desde que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. La petición llegó a la SRE el 28 de abril y fue turnada a la FGR. México sostiene que Washington no ha entregado información suficiente para sustentar las detenciones; mientras tanto, Rocha Moya no ha sido detenido en México y dos de los señalados ya están bajo custodia estadounidense.
A ese expediente se suma José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, cuyo nombre aparece en el contexto de las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna. Sus declaraciones patrimoniales permanecen reservadas hasta 2030 por razones de seguridad nacional y supuestamente, la FGR ha enfrentado dificultades para localizarlo para una comparecencia solicitada por la defensa de sus sobrinos. Esto no significa que Ojeda esté acusado o sea responsable de los delitos investigados, pero sí coloca sobre la mesa preguntas sobre transparencia y rendición de cuentas.
Y después están Amílcar Olán y Andrés Manuel López Beltrán. Este miércoles, la fiscal general Ernestina Godoy negó que existieran órdenes de aprehensión contra ambos: sobre Olán respondió “no, no hay nada” y sobre Andy, “tampoco”. La precisión jurídica es importante: negó órdenes de captura, no declaró cerradas investigaciones ni emitió una resolución de inocencia.
Así, el debate deja de ser únicamente un intercambio de declaraciones entre Washington y Palacio Nacional. Trump sostiene que la soberanía mexicana también es vulnerada cuando funcionarios se coluden con los cárteles; Sheinbaum responde que México no necesita ser juzgado desde fuera y que actuará cuando existan pruebas. La Embajada estadounidense, entretanto, advierte que quienes apoyen a los grupos criminales enfrentarán consecuencias.
El problema para México es que la presión externa coincide con un proceso político interno en plena definición. Los coordinadores estatales de Morena ya comienzan a ocupar el espacio que antecede a las candidaturas de 2027, mientras figuras y grupos de políticos de la pasada administración y otros dirigentes de la llamada transformación permanecen en el centro de la disputa política.
Por eso los casos Rocha Moya, Ojeda, Olán y Andy no deben confundirse entre sí ni colocarse jurídicamente en el mismo nivel. Lo que los conecta es el momento político: Washington está exigiendo que México investigue las posibles conexiones entre poder y crimen, mientras México prepara la siguiente sucesión electoral y defiende que esas investigaciones deben realizarse bajo sus propias instituciones.
Ahí está el verdadero problema institucional. Estados Unidos puede acusar, presionar y exigir resultados; México puede invocar soberanía y reclamar corresponsabilidad. Pero ninguno de esos argumentos sustituye a las investigaciones, las pruebas y las decisiones de los tribunales. La soberanía no debería ser un argumento para impedir que se investigue a un funcionario, pero tampoco una acusación extranjera debería convertirse automáticamente en una sentencia mexicana.
La pregunta ya no es solamente qué dice Trump ni qué responde Sheinbaum. La pregunta es qué hará la FGR con los expedientes que tiene en sus manos, mientras el calendario electoral avanza y la presión estadounidense aumenta.
@JErnestoMadrid
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