El viernes pasado se informó de lo que fue calificado como el mayor golpe asestado al huachicol con la incautación en San José Iturbide, Guanajuato, de 59 millones de litros de combustible robado o entrado al país de contrabando, volumen superior a los 15.4 millones de litros asegurados en Arizpe y Saltillo, Coahuila y a los diez millones de litros del buque tanque detenido en Tampico.

Ayer, sin embargo, corría la versión de que la FGR aún no podía acreditar la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de los supuestos delincuentes. A su vez, Grupo SIMSA -del que es parte Gas Natural del Noroeste, empresa operadora de la planta de almacenamiento- distribuyó un comunicado en el que asegura que su filial opera de manera “completamente lícita y verificable”. Sin embargo, en términos de opinión pública ya fue declarado culpable.

El huachicol es, sin duda, un problema real y grave. No es solo el robo de combustibles tras el pinchazo al ducto. También es su entrada por la aduana subdeclarado, disfrazado de otro producto o apuntalado con papelería de apariencia legal. Las estimaciones de daño que genera a Pemex y al erario divergen, pero el delito existe, persiste, crece y ha llegado a expedientes con nombres concretos.

Pero a las notas informativas sobre más de quinientas empresas que “pudieran estar relacionadas” con conductas presuntamente ilícitas, siguen los juicios sumarios de la opinión pública en los que también pagan justos por pecadores porque se coloca en la misma línea de ilegalidad tanto a los verdaderos infractores como a firmas que nada tienen que ver con las legítimas denuncias sobre el grave delito.

Eso alegan y hacen saber a este espacio empresas como Valero y Petrolíferos Lobo que aseguran haber sido puestas injustamente en la misma pieza que un exgobernador y una “línea de investigación” en procesos donde la legitimidad se puede probar simplemente por el estatus activo de todos los permisos y cumplimientos públicos.

Es decir: quienes operan al margen clonan pedimentos y se esconden detrás de papeles falsos y/o ajenos; y quienes operan en forma viven del permiso y la reputación. Mezclar ambos en el mismo recuadro no prueba el delito, sino que externaliza la duda y da paso al juicio sumario de la opinión pública.

Hoy llaman posverdad a la distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión pública apelando más a emociones y creencias que a hechos verificables. Hablamos de un entorno donde la verdad importa menos que lo que parece verdad y resulta útil creer.

No es cosa menor el debate sobre la posverdad en estos tiempos electorales. En ese debate hay muchos ejemplos del método en que una noticia se vuelve veredicto general sin importar que afecte a una persona, a todo un sector o a una cadena de valor como la de los hidrocarburos y combustibles.

Favorecen a Azteca desde el gobierno de la CDMX

Coyoacán será una especie de laboratorio electoral nacional de cara a los comicios presidenciales de 2030.

Será, a no dudarlo, la alcaldía capitalina más competida y en la que la balanza habrá de inclinarse a favor del partido que no tome una mala decisión al seleccionar a su candidato. El que se equivoque -sea el PAN o sea Morena, los dos partidos dominantes en esa demarcación- no solo influirá negativamente en las elecciones de las otras quince alcaldías de la CDMX, sino que perderá la elección intermedia de 2027.

Como lo comentamos aquí en una entrega anterior (“Coyoacán y el caballo de Troya del PAN” https://tinyurl.com/mrczb2xu) este juego no solamente es político, es también económico.

El blanquiazul busca a toda costa retener Coyoacán para continuar con la apertura inmobiliaria que ha tenido durante los últimos dos años, a semejanza de la alcaldía Benito Juárez también gobernada por ese partido.

La apuesta es que, desde la sede del primer ayuntamiento de América Latina y mediante el millonario negocio de un cártel inmobiliario recargado, salga el financiamiento para la campaña a la jefatura de Gobierno de la CDMX que será, a su vez, factor determinante en la elección presidencial en 2030.

Por eso sugeríamos en aquella columna la hipótesis de una estrategia digna de una odisea helénica, en la que Ricardo Salinas Pliego se perfilaría como el delfín del blanquiazul para la jefatura de gobierno de la CDMX.

Eso explicaría las campañas de desprestigio de la 4T puestas en marcha desde adentro con ex colaboradores de TV Azteca como la senadora Lily Téllez o el diputado Sergio Mayer (llegados a la representación legislativa vía Morena), en posible alianza con Ana María Lomelí, una de las ahijadas favoritas de Salinas Pliego al quien llama padrino y jefe, y es coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Clara Brugada y pretendiente de la candidatura guinda para la alcaldía Coyoacán.

Lomelí, por cierto, otorgó a la televisora del Ajusco en 2025, ya en pleno pleito de su mandamás con la presidenta Sheinbaum y AMLO, varios contratos de publicidad. El más importante, uno por más de 40 millones de pesos, el SAF/DRMAS/AD/012/2025, firmado por la funcionaria y entregado por adjudicación directa.

Si esto no parece un Caballo de Troya, entonces el pleito de Salinas Pliego contra Sheinbaum, AMLO, la 4T y Morena sería una deliberada simulación que nada gustará a las bases del partido guinda tan ofuscados como andan con la designación de Beatriz Mojica Morga como la “corcholata” para Guerrero y a quien de panista no la bajan.

Instantáneas:

1. INCERTIDUMBRE EN GUERRERO. Por cierto, Félix Salgado Macedonio declaró en sus redes sociales que Beatriz Mojica Morga ganó la encuesta del proceso interno morenista en el que él no participó, pero dijo que eso no asegura que vaya a ser la candidata de Morena a la gubernatura. Reveló que eso se lo dijo la propia dirigencia nacional morenista que encabezan Ariadna Montiel y Citlalli Hernández con el argumento de que están eligiendo a las personas coordinadoras de la defensa de la transformación y no a las que serán candidatos a la gubernatura. “El Toro” Salgado Macedonio precisó que opinaba por ser un asunto de su partido, aunque no haya participado en el proceso interno por el impedimento del nepotismo.

2. ¿Y EL NEPOTISMO EN ZACATECAS? Crece el debate, por cierto, sobre dicha cláusula del nepotismo asumida por Morena. En Morena se discute si la condición de excuñada del gobernador David Monreal de la recién electa aspirante a la candidatura guinda al gobierno de Zacatecas, Verónica Díaz, debe considerarse nepotismo. Ricardo Monreal, otro de sus excuñados, dijo que el divorcio de ella con Luis Enrique, el menor del clan Monreal, ocurrió hace once años, pero la hoy senadora con licencia aclaró que fue hace cinco, en 2021. El caso es que todo ello sólo abona al debate de la extraña interpretación que hay en Zacatecas sobre el nepotismo. Si Verónica Díaz es la madre de los sobrinos de Ricardo y David Monreal, es claro que hay un vínculo familiar que no se rompe con el divorcio de la pareja. Eso es algo que ocurre en muchas familias y, aunque exista un divorcio, los tíos y sobrinos son ajenos a la separación física y persiste la relación familiar. Y eso es nepotismo pues Verónica Díaz y sus hijos forman parte de la familia que ha gobernado durante años Zacatecas.

3. PIDEN MENOS CARGA FISCAL. El sector ferroviario de carga ha invertido más de 16 mil millones de dólares y destina cerca del cien por ciento de su utilidad neta a capital. Mueve 27 por ciento de las mercancías terrestres a 0.03 dólares por tonelada-kilómetro, pero absorbe costos fiscales y de seguridad cercanos a ocho por ciento de sus ingresos. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) pide preservar su competitividad ante los cambios fiscales en la Ley Federal de Derechos planteados en el Paquete Económico 2027 en relación con las concesiones ferroviarias. La propuesta del gobierno es aumentar la tasa de derechos de 1.25 por ciento a tres por ciento de sus ingresos brutos a aquellas concesiones ferroviarias que se encuentran en el año dieciséis o más de su vigencia.

4. RESULTADOS, NO DISCURSOS. Un dato alarmante del aeropuerto de Cancún: el pasado feriado del 15 de septiembre registró 286 operaciones (aterrizajes y despegues), la cifra más baja en 20 años sin contar pandemia y huracanes. La terminal ha tenido durante los últimos años entre 320 y 380 operaciones diarias en temporada baja y entre 450 y 500 en temporada alta. La caída es síntoma de la difícil situación que atraviesa el turismo en un estado cuya economía depende de ese sector. Los prestadores de servicios, más allá de filias y fobias partidistas, ven en el virtual candidato de Morena a la gubernatura del estado, Eugenio “Gino” Segura un perfil técnico para un momento en el que el turismo necesita número, no discursos. Y claro está, si gana la elección, como parece que lo hará, si nos atenemos a las preferencias electorales que marcan las encuestas electorales con un promedio de 50 por ciento para Morena y 15 por ciento para el PAN (su más cercano contendiente) de acuerdo con SRC y CRIPESO Servicios de Consultoría.

5. MEJORA OCUPACIÓN. Todavía en julio pasado daba tristeza ver la baja afluencia turística en destinos tradicionalmente concurridos como Ixtapa, en Guerrero. Aquel panorama contrastó con lo ocurrido en las recientes fiestas patrias. En ese estado se registró una ocupación hotelera estatal de 57.5 por ciento y el destino más visitado fue Ixtapa-Zihuatanejo con 71.3 por ciento, mientras que Acapulco registró un 57.6 por ciento y Taxco 38.7 por ciento.

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