CIUDAD DE MÉXICO. — El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que introduce la figura de responsabilidad secundaria para plataformas digitales y proveedores de internet frente a infracciones de derechos de autor. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido bautizada por organizaciones civiles y legisladores de oposición como la “Ley Antimemes” ante el riesgo de que derive en censura previa e impacte contenidos satíricos en la red.
El dictamen fue respaldado por la mayoría oficialista conformada por Morena, PT y PVEM, sumando 325 votos a favor; en contraste, recibió 114 votos en contra de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero.
Multas de hasta 4.3 mdp y bajas definitivas de cuentas
El proyecto modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies a la legislación autoral. Con estos cambios, los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y las redes sociales tendrán la obligación de suspender o dar de baja definitiva las cuentas y servicios de usuarios reincidentes.
De no retirar el material reportado de forma expedita, las plataformas serán consideradas corresponsables de la infracción y podrán ser acreedoras a sanciones por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), monto que supera los 4.3 millones de pesos. Asimismo, la normativa refuerza las restricciones en torno al uso no autorizado de rostros, imágenes o voces manipuladas mediante Inteligencia Artificial (IA) y herramientas digitales.
Alerta por filtros automáticos y riesgo a la libertad de expresión
Defendida por el Ejecutivo federal como una medida indispensable para combatir la piratería masiva y armonizar la legislación nacional con los compromisos del T-MEC, la propuesta encendió las alarmas de colectivos de derechos digitales y organizaciones como Artículo 19.
Diputados de oposición advirtieron que, con el fin de eludir las multas millonarias, las empresas tecnológicas recurrirán a algoritmos de monitoreo y bloqueo masivo automatizado, lo que provocaría la eliminación arbitraria de parodias, críticas políticas y memes.
“Van a obligar a los proveedores de servicio de internet para que quiten el internet cuando al gobierno le moleste un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia, una opinión (…). Quieren silenciar a un México que exige”, acusó la panista Kenia López Rabadán.
Por su parte, el legislador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la medida busca “generar efectos intimidantes contra quienes hacen uso de su libertad de expresión”, mientras que Gibrán Ramírez (MC) recriminó que la norma “transgrede con ligereza la libertad de expresión, la privacidad y los derechos de las personas usuarias”.
Combate a pérdidas en la industria cultural
En contraste, legisladores del bloque mayoritario sostuvieron la necesidad económica de la reforma. El diputado de Morena, Jesús Valdés Peña, destacó que la industria creativa genera el 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y sostiene el 3.5% del empleo formal del país, por lo que urgía blindarla contra la piratería digital.
De acuerdo con datos de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos (APDIF) citados en la exposición de motivos, entre 2023 y 2024 se retiraron más de 127 millones de contenidos infractores en línea, mientras que en el periodo 2024-2025 la cifra alcanzó más de 72 millones. Para los defensores de la norma, estos datos sustentan la necesidad de esquemas de retiro ágil sin requerir largos procesos judiciales.
Tras la aprobación en lo general, la Cámara Baja abrió el debate de las reservas en lo particular para definir la redacción final del decreto.
