- La Secretaría Anticorrupción reporta contratos simulados por más de 2 mil 740 millones de pesos entre el INE y OPLE con empresas de los hermanos Hernández Casillas.
CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno federal expuso una investigación sobre un presunto esquema de triangulación, empresas fantasma y simulación de competencia en licitaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el cual habría generado ganancias por más de 2 mil 740.3 millones de pesos a una red de contratistas entre 2015 y 2025.
Durante la presentación del caso, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló el modus operandi encabezado por los hermanos Hernández Casillas. De acuerdo con el reporte oficial, el grupo utilizó al menos seis razones sociales —entre ellas Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández— para simular concurrencia en concursos públicos de material electoral, subcontratar servicios y redistribuir recursos públicos sin contar con infraestructura técnica ni personal en nómina.
El desglose gubernamental indica que 23 de los 32 OPLE otorgaron contratos por 2 mil 094 millones de pesos entre 2015 y 2023 a dichas firmas, a los que se sumaron asignaciones por 646.3 millones de pesos ejercidas entre 2024 y 2025. Buenrostro añadió que el esquema recurrió a personas vulnerables como prestanombres e incurrió en lavado de dinero mediante comprobantes fiscales emitidos por empresas factureras.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este duopolio no es un fenómeno reciente ni exclusivo de administraciones previas o actuales del órgano electoral, sino una estructura que data de la década de 1980 y del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La mandataria refirió que Alfredo Hernández colaboró con Juan Carlos Padilla en el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de incursionar como proveedor de insumos electorales en el Estado de México a finales de los noventa.
Sheinbaum subrayó que estas irregularidades operativas y antecedentes de adjudicaciones dudosas —que en 2005 derivaron en la renuncia de consejeros en el Estado de México— eran conocidos por autoridades electorales como Lorenzo Córdova durante su gestión al frente del INE (2014-2023), acusando una omisión sistemática para abrir las contrataciones a una competencia efectiva.
Respecto a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la jefa del Ejecutivo federal deslindó su administración de cualquier defensa personal: “Si realizó un acto ilegal, lo tiene que enfrentar”, sostuvo, puntualizando que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) deslindar responsabilidades por presuntas anomalías cometidas durante 2024 y 2025, sin soslayar que el origen del esquema empresarial se remonta décadas atrás.
