En 1982, con la promesa de una “renovación moral de la sociedad”, Miguel de la Madrid infundió esperanza al asumir la Presidencia en medio de una severa crisis económica y el descontento generalizado que dejaron las corruptelas cometidas durante los gobiernos de sus antecesores Luis Echeverría y José López Portillo.
Al iniciar aquel sexenio (1982-1988) fundó con ese propósito la Secretaría de la Contraloría de la Federación que puso en manos de su colaborador y amigo Francisco Rojas, cuyo apellido la vox populi cambió a “rejas”, para hacer notar burlonamente que sería el encargado de poner en prisión a los corruptos.
Si bien quedaba claro que una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo sería la encargada de investigar y sancionar a funcionarios del mismo Poder Ejecutivo con la complicidad y el poco rigor a que eso daba lugar, peor era no hacer nada y, así las cosas, se aplaudieron atronadoramente los encarcelamientos de personajes del sexenio de López Portillo como el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano (por la compra de buques petroleros a sobreprecio), y el exjefe de la policía de la CDMX, Arturo Durazo Moreno (por enriquecimiento ilícito y abuso de poder).
Pero ya en el sexenio De la Madrid, hubo otros escándalos de corrupción por contratos y adquisiciones amañadas en la CONASUPO y no pocas acusaciones de fraudes bursátiles tras el colapso y desplome de la Bolsa de Valores en 1987.
La corrupción, según la entiende Transparencia Internacional, es el abuso de un poder encomendado para obtener un beneficio privado. Esta definición embona perfectamente con lo ocurrido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que sucedió al de De la Madrid.
Emblemático fue en ese período su “hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, también motejado como “míster ten per-cent”, en referencia a las comisiones que presuntamente obtenía al cerrar múltiples negocios mediante el tráfico de influencias. Inclúyanse, entre otros, los derivados de la reprivatización bancaria y de la venta al sector privado de un buen número de empresas públicas del ramo telefónico, minero y siderúrgico.
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En el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) el escándalo emblemático de corrupción fue el del FOBAPROA, el rescate de los bancos al borde de la quiebra tras el “error de diciembre” de 1994. El multimillonario costo fue trasladado en gran medida al sector público y convertido después en deuda respaldada por el Estado. Se socializaron pérdidas privadas sin transparencia en la integración de los pasivos rescatados. Esa opacidad se reflejó también en otros rescates a grupos empresariales afectados por la crisis (como fue el caso de los concesionarios de carreteras) y en la privatización de los ferrocarriles.
El pensador francés Alexis de Tocquevill (1805-1809), uno de los ideólogos más importantes del liberalismo conservador, observó que “cuando los hombres ven que los puestos públicos son utilizados para fines privados, pierden la fe en las instituciones”.
Algo así nos ocurrió con la llegada al poder de Vicente Fox (2000-2006). Su elección terminó con 70 años del PRI en el poder y supuestamente lo haría con su cauda de corruptelas.
Fox marcó la alternancia democrática, se erigió en promesa de cambio, nombró secretario de la Contraloría al prestigiado panista Francisco Barrio y prometió capturar a los “peces gordos” de la corrupción.
Pero nada estuvo más lejano de la realidad. Por el contrario, se destapó de entrada el caso del financiamiento irregular y paralelo de su campaña política conocido como “Amigos de Fox” y los hijos de su esposa Marta Sahagún (Manuel y Jorge Bribiesca) fueron señalados por utilizar su cercanía al poder para obtener ventajas empresariales y facilitar negocios. Presuntamente intervinieron para que Pemex favoreciera con millonarios contratos a la empresa naviera Oceanografía que, años después, fue protagonista de un escándalo que combinó contratos públicos, acusaciones de tráfico de influencias y un presunto fraude multimillonario a Banamex mediante facturas y cuentas por cobrar supuestamente falsas.
En la continuidad del panismo en el poder, al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se le asoció, retrospectivamente, con el gran escándalo que hoy tiene en una prisión estadounidense, declarado culpable de dar protección al narcotráfico, a Genaro García Luna, quien fuera su hombre fuerte y secretario de Seguridad Pública durante todo su sexenio. Hubo, por supuesto, otras corruptelas: pagos improcedentes, sobrecostos y mala gestión en la construcción de la llamada “Estela de Luz”, monumento construido con motivo del Bicentenario de la Independencia y al que la picaresca popular bautizó como “La Estela de Pus”; y la continuación de los contratos millonarios de Pemex para Oceanografía, así como los relacionados con sistemas de seguridad, tecnología penitenciaria y centros federales de readaptación social.
Con el regreso del PRI al poder presidencial de la mano de Enrique Peña Nieto (2012-2018) los hechos de corrupción se multiplicaron: “La Casa Blanca” de las Lomas puesta a su disposición por Juan Armando Hinojosa Cantú, su contratista favorito; los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la compra a sobrecosto en perjuicio de Pemex de una planta chatarra de fertilizantes al empresario Alonso Ancira Elizondo, casos que mantienen en proceso penal y prisión domiciliaria al exdirector de la petrolera Emilio Lozoya Austin; el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito de los exgobernadores priistas Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge de Quintana Roo; y la “Estafa maestra”, mediante la que fueron pagados más de siete mil millones por diversas dependencias a universidades públicas que subcontrataron los servicios convenidos con empresas fantasma y desviaron los recursos.
Peña Nieto llegó a declarar que “la corrupción era una debilidad de orden cultural”. Fue acremente criticado por externar la ofensiva idea. Pero hay que darle la razón, como acabó por dársela Octavio Paz, el mexicano Premio Nobel de Literatura al señalar que, si bien “la corrupción no es una invención mexicana, lo que sí es específicamente mexicano es la forma en que la corrupción se mezcla con las relaciones personales, los favores y las lealtades”.
Y vaya que la mezcla siguió dando frutos en el gobierno de AMLO (2018-2024), a pesar de su promesa de “no mentir y no robar” que millones de mexicanos le compramos para llevarlo al poder.
Porque esa promesa de Morena, evocada casi como un mantra, no evitó el megafraude cometido en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) por poco más de 15 mil millones de pesos por el pago de mercancías que no se entregaron, contratos con empresas irregulares o fachada, anticipos y pagos sin garantías adecuadas y compras financieras irregulares. Ignacio Ovalle, director entonces de la hoy extinta SEGALMEX permanece en la impunidad, acaso por ser mentor y amigo de López Obrador.
A lo anterior deben sumarse las denuncias que sugieren la presunta participación de los hijos de AMLO en obras públicas con sobreprecios y uso de materiales de mala calidad en construcciones emblemáticas como el Tren Maya y la refinería “Olmeca” de Dos Bocas, Tabasco, reveladas en conversaciones telefónicas grabadas al contratista Amílcar Olán, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán a quien se le balconeó en un viaje a todo lujo por Japón; o vínculos societarios con la enorme red de contrabando de combustible (huachicol fiscal) que involucra a exmandos de la Marina, parientes políticos del exsecretario del ramo, Rafael Ojeda; o el escándalo de la “Casa Gris”, residencia que pertenecía a Keith Schilling, alto directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, que habitaron en Houston, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams.
La inercia de latrocinios no ha tenido tope en el gobierno de Claudia Sheinbaum iniciado en 2024 y hoy en el ojo del huracán por el escándalo de la relación más que institucional de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el proveedor consentido del órgano electoral, José Alfredo Hernández Casillas a quien, mediante el tráfico de influencias, le entregó millonarios contratos.
Grabaciones recientes los exhiben repartiéndose las ganancias generadas por ilegales licitaciones obtenidas a través de la red de corrupción que Hernández Casillas construyó desde 2014, cuando el Consejo General del INE era presidido por Lorenzo Córdova. Se han documentado al menos 49 contratos entre 2018 y 2025 otorgados por el INE y diversos OPLE´s por unos mil 450 millones de pesos.
En esto se ven las secuelas de la decisión de la mayoría de Morena de entregarle a la presidencia del INE la prerrogativa de designar directamente a sus principales operadores sin someterlo a una decisión colegiada del resto de los consejeros. Ahí cabe la frase atribuida al historiador británico Lord Acton de que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Así que en los 44 años que abarca el período comprendido entre la “renovación moral de la sociedad” y el hipócrita mantra del “no robar”, siempre ha ganado la corrupción. Y es que como alguna vez declaró el fallecido papa Francisco: “el corrupto se acostumbra a vivir en la corrupción y la convierte en sistema”.
Instantáneas:
1. RESCATEN AL INE. Quien se asomó después de varios meses de andar de bajo perfil fue el senador Manlio Fabio Beltrones, que presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para devolver al Consejo General del INE la colegialidad en sus facultades de nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas que Morena y sus partidos aliados le quitaron arbitrariamente dando lugar a abusos y corruptelas que hoy se destapan. La iniciativa propone también que los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que celebre el órgano electoral y cuyo monto total sea mayor a los diez millones de pesos, requieran de la aprobación previa del Consejo General. Argumenta Beltrones que la colegialidad del INE debe estar garantizada en la Constitución y en la ley. Urge dar curso a propuestas como ésta para rescatar al órgano electoral.
2. REFUERZAN SISTEMA ELÉCTRICO. Está en marcha toda una cartera de proyectos para el reforzamiento del sistema eléctrico nacional, entre los que se encuentra la entrada en operación de seis centrales de ciclo combinado. Lo anterior fue anunciado por la directora de la CFE, Emilia Calleja, al comparecer ante la Cámara de Diputados. Entre febrero del año pasado a mayo de éste, esas seis centrales de ciclo combinado incorporaron al sistema tres mil 204 megawatts, una cantidad enorme de potencia eléctrica. Para que se dé una idea: tres mil 204 megawatts podrían abastecer aproximadamente entre 1.6 y 3.2 millones de hogares al mismo tiempo o cubrir la demanda eléctrica simultánea de ciudades como Puebla o Mérida. De acuerdo con la información aportada por la directora de la CFE, se requirió para ello una inversión de 52 mil 424 millones de pesos. La ubicación de las plantas responde a necesidades concretas: Salamanca, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, aportaron conjuntamente mil 407 megawatts y ambas fortalecen el suministro en regiones con actividad industrial, junto con la Josefa Ortiz Téllez Girón, en Querétaro. Manzanillo III, en Colima, Elvia Carrillo Puerto, en Yucatán, y González Ortega, en Baja California, sumaron otros mil 797 megawatts.
3. POLO ENERGÉTICO. Tamaulipas aprovechó el Congreso Internacional de Energía 2026 para reforzar su apuesta por convertirse en un polo energético del país. En Tampico reunió a la CFE y Pemex con empresas privadas, entre otras ENGIE, además de inversionistas y representantes internacionales, alrededor de una cartera cercana a 17 mil millones de dólares en proyectos de hidrocarburos, gas y electricidad. El estado tiene ubicación, infraestructura y recursos. Ahora el reto es convertir ese potencial y la convergencia de actores públicos y privados en inversión, proyectos y desarrollo económico. Porque después del Congreso, la verdadera noticia será cuántas de esas oportunidades logran concretarse.
4. CRECE COMERCIO CON CANADÁ. Mientras la atención mediática se centra en la tensión arancelaria con Estados Unidos, los otros dos socios del T-MEC, México y Canadá movieron sus piezas en silencio, pero con efectividad. El resultado: exportaciones mexicanas por 16 mil 482 millones de dólares y canadienses por nueve mil 726 millones de dólares, ambas con crecimiento de doble dígito, un récord que no es casualidad, sino la cosecha de un año del llamado Plan de Acción 2025-2028. En esa cosecha hay un operador clave: el embajador Carlos Joaquín González quien, más allá de la diplomacia de escritorio, hizo de la sede diplomática mexicana en Ottawa una agencia de promoción económica. La misión de 370 empresarios canadienses que visitó México no se quedó solo en foto, sino que tuvo seguimiento y hoy se traduce en proyectos. Ahora va por la revancha: llevar a más de 300 empresas mexicanas a Montreal y Toronto, con agenda directa con la Agencia de Inspección Alimentaria para abrir mercado a productos agropecuarios. En plena revisión del T-MEC el dato trae un fuerte mensaje político.
5. PRIORIDAD LÍQUIDA. El que puso sus barbas a remojar al ver cortar las de su vecino Pablo Lemus, de Jalisco, fue el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Y es que para evitar un crítico desabasto de agua como el que sufre la ciudad de Guadalajara, el mandatario oaxaqueño ha puesto como prioridad de su gobierno el abasto del vital líquido y el saneamiento de los principales ríos que cruzan por la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca. La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar informó que entre 2023 y octubre de este año, se han destinado mil 532 millones de pesos para la ejecución de 199 obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de 2.3 millones de personas.
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