• Veracruz, gobernado por Morena, enfrenta el desplome demográfico de Poza Rica; Coahuila, gobernado por el PRI, presume inversión, seguridad y empleo. Rumbo a las elecciones de 2027, los datos ofrecen una comparación incómoda sobre cómo se construye —o se pierde— futuro económico.

Ernesto Madrid

Hay una manera incómoda, pero bastante clara, de medir si una política económica funciona: ver si la gente encuentra razones para quedarse en la localidad donde nacieron. Y los datos recientes del INEGI permiten hacer una comparación que, rumbo a las elecciones de 2027, merece atención.

Poza Rica, Veracruz, perdió 35,929 habitantes entre 2020 y 2025: pasó de 189,457 a 153,528 personas, una caída cercana a 19%. La Encuesta Intercensal 2025 es una estimación y no un nuevo censo, pero la magnitud del descenso obliga a mirar más allá de la estadística.

Poza Rica creció alrededor del petróleo. Pemex fue durante décadas su principal motor económico. El declive petrolero, por supuesto, no comenzó con el actual gobierno y sería simplista atribuir toda la despoblación a una sola administración.
El problema de fondo es otro: ¿qué estrategia existe para sustituir ese motor económico?

Porque una ciudad puede recibir programas sociales y aun así perder población. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la política económica actual: las pensiones y transferencias de Bienestar pueden aliviar las necesidades inmediatas de millones de personas, pero no sustituyen los empleos productivos, la inversión privada, la capacitación ni las oportunidades para que una nueva generación construya su vida en su propia comunidad.

Una pensión puede ayudar a pagar la despensa. No puede, por sí sola, crear una planta industrial. Una transferencia puede aliviar el ingreso familiar. No necesariamente genera una empresa, un puesto de trabajo especializado o una cadena de proveedores. Y esa diferencia importa.

Porque cuando los jóvenes terminan la universidad y tienen que marcharse para encontrar empleo, una ciudad no sólo pierde habitantes. Pierde consumo, talento, empresas, recaudación y, sobre todo, futuro.

Ahora miremos hacia Coahuila. El estado, gobernado por el PRI, ha apostado durante años por una combinación distinta: seguridad, promoción industrial, infraestructura, capacitación y atracción de capital. En 2024 reportó 59 proyectos de inversión provenientes de 15 países, por más de 94 mil millones de pesos, con una expectativa superior a 32 mil empleos.
No significa que Coahuila haya resuelto todos sus problemas ni que su modelo pueda trasladarse mecánicamente a Veracruz. Pero sí plantea una diferencia importante: la política social y la política de desarrollo económico cumplen funciones distintas.

Una ayuda a sostener el ingreso. La otra busca generar las condiciones para que ese ingreso provenga de una economía que produce, invierte y contrata. Y la seguridad también entra en la ecuación. De acuerdo con datos citados por México Evalúa, Coahuila registra niveles de percepción de seguridad muy superiores al promedio nacional y una alta certificación de sus policías municipales. Para un inversionista, eso no es un detalle administrativo: es parte de la infraestructura económica.

El contraste adquiere una dimensión política. El 7 de junio de 2026, Coahuila renovó su Congreso y la alianza PRI-UDC ganó los 16 distritos de mayoría; Morena y PT no obtuvieron ninguno. Andy López Beltrán había dejado la operación territorial de Morena antes del cierre de la campaña para concentrarse en su eventual candidatura de 2027. Su salida fue cuestionada políticamente, pero el resultado electoral es un dato objetivo.

Y aquí está lo interesante: las elecciones intermedias de 2027 permitirán que los ciudadanos evalúen algo más que los discursos. Podrán mirar inversión, empleos, seguridad, servicios públicos y, sobre todo, si sus ciudades están reteniendo población o expulsándola.

Porque el verdadero desafío para gobiernos como el de Veracruz no consiste únicamente en repartir mejor o ampliar los programas sociales. También consiste en responder una pregunta mucho más difícil: ¿Cómo se construye una economía en la que una persona no necesite recibir una transferencia para sobrevivir, ni abandonar su ciudad para encontrar una oportunidad?

Poza Rica y Coahuila cuentan hoy dos historias distintas. Una ciudad petrolera que perdió casi una quinta parte de su población en cinco años y todavía busca una nueva vocación económica. Y un estado que ha apostado por seguridad, industria e inversión para construirla.

Los programas sociales pueden ser necesarios. Pero si después de recibirlos la gente sigue teniendo que hacer las maletas para buscar trabajo, algo está faltando.
Y quizá esa sea una de las preguntas que deberían llegar a las urnas en 2027: ¿queremos gobiernos que administren la pobreza o gobiernos capaces de crear las condiciones para que la gente deje de necesitarla?

@JErnestoMadrid
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