• México busca recaudar más sin crear nuevos impuestos, pero el bajo crecimiento, las pensiones y el costo de la deuda reducen el dinero disponible para invertir. México Evalúa advierte que el ajuste fiscal puede terminar comprometiendo el crecimiento futuro.

Ernesto Madrid

La aprobación de la Ley de Ingresos para 2027 que podría aprobarse este miércoles en el senado abre la discusión más difícil: cómo pagar un presupuesto que crece mientras una parte cada vez mayor de los recursos ya está comprometida. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una doble presión: reducir el déficit para preservar la confianza de los mercados y mantener el gasto social y la inversión que el país necesita.

El problema no surgió de un año para otro. México Evalúa señala que, entre 2019 y 2026, los ingresos públicos aumentaron apenas 0.4 puntos del PIB, mientras el déficit llegó a 4.1%. El gobierno actual heredó compromisos financieros elevados y ahora intenta corregirlos sin frenar la actividad económica. El margen para hacerlo es estrecho.

La Ley de Ingresos estima recursos por 10.64 billones de pesos, pero hay una precisión fundamental: no todo ese dinero provendrá de la recaudación. Alrededor de 9.16 billones serían ingresos presupuestarios y 1.48 billones corresponderían a financiamiento. Es decir, una parte de los recursos para cubrir el gasto tendrá que obtenerse mediante deuda.

Hacienda apuesta por recaudar más mediante fiscalización, tecnología y combate a la evasión, sin aumentar las tasas ni crear nuevos impuestos. La meta es ambiciosa: los ingresos tributarios rondarían los 6.3 billones de pesos, equivalentes a 15.9% del PIB. Sin embargo, México Evalúa advierte que la recaudación enfrenta una economía que creció apenas 1.2% en el primer semestre de 2026, mientras los ingresos tributarios avanzaron solo 0.4% real y el ISR empresarial cayó 11.3%. La distancia entre la meta y el desempeño económico es uno de los principales riesgos del paquete.

El problema no termina al recaudar: comienza al repartir.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos plantea un gasto neto de 10.51 billones de pesos y un déficit presupuestario de 1.36 billones, equivalente a 3.4% del PIB. Los requerimientos financieros más amplios del sector público se estiman en 3.9% del PIB. Son medidas distintas, pero ambas muestran que el gobierno todavía necesitará financiamiento para cubrir sus compromisos.

De acuerdo con México Evalúa, casi 29 de cada 100 pesos del presupuesto se destinan al gasto federalizado; las pensiones contributivas representan alrededor de 17% y, al sumar las principales pensiones no contributivas, el monto se acerca a una cuarta parte del gasto. A ello se suma el costo financiero de la deuda, calculado en aproximadamente 1.57 billones de pesos: casi 15 de cada 100 pesos presupuestados.

La comparación resulta incómoda: el costo financiero supera los recursos previstos para inversión física, que rondan 1.03 billones de pesos. Aunque esta inversión aumentaría en términos reales respecto de 2026, el espacio para construir infraestructura y ampliar servicios sigue bajo presión.

Ahí está el riesgo: recortar inversión puede ayudar a cuadrar las cuentas de hoy, pero también limitar el crecimiento, el empleo y la recaudación de mañana. Menos crecimiento significa menos ingresos propios y más dificultades para financiar las obligaciones públicas.

México Evalúa plantea que el gobierno necesita ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalización, revisar los incentivos fiscales y mejorar la calidad del gasto. También advierte que el apoyo a Pemex debe vincularse con metas verificables de eficiencia y creación de valor, para evitar que las transferencias se conviertan en una crga fiscal recurrente.

 

El calendario legislativo también importa: la Ley de Ingresos debe quedar aprobada a más tardar el 31 de octubre, mientras que la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos. La primera define de dónde vendrán los recursos; el segundo establece qué prioridades recibirán el dinero.

El reto de Sheinbaum no consiste únicamente en reducir el déficit heredado, sino en hacerlo sin sacrificar las condiciones para crecer. Si la recaudación no alcanza lo previsto y el gasto obligatorio continúa absorbiendo recursos, las opciones se estrechan: más deuda, ajustes presupuestarios o menos inversión.

El presupuesto no se mide por los billones que anuncia, sino por lo que realmente puede financiar. Y si el gobierno necesita endeudarse para cubrir sus compromisos mientras posterga la inversión que generaría más crecimiento, el ajuste puede terminar aplazando el problema en lugar de resolverlo.

@JErnestoMadrid

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