CIUDAD DE MÉXICO — Elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaron armados, con uniformes tácticos e integrados en labores operativas durante el despliegue realizado en abril en el rancho El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, según revelan testimonios ministeriales y dictámenes periciales integrados en las carpetas de investigación. El reporte documenta que dicha intervención se efectuó al margen de los canales oficiales y sin el respaldo legal del gobierno federal mexicano.
Los datos forman parte de las indagatorias conducidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al desmantelamiento de instalaciones clandestinas de droga sintética. Conforme a las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, el personal estadounidense estuvo integrado directamente al convoy terrestre junto a mandos estatales, contradiciendo las versiones preliminares que los ubicaban únicamente como observadores civiles desarmados.
Testimonios y órdenes de silencio en el lugar del accidente
Entre las declaraciones integradas al expediente destaca la del agente de investigación estatal Ricardo Faustino Campos Ocón, quien declaró bajo juramento haber observado a personas que hablaban inglés acompañando a los titulares del operativo desde la partida del convoy.
De acuerdo con los testimonios, el 19 de abril se suscitó un percance automovilístico en un camino de terracería cercano al poblado de Polanco, donde perdieron la vida Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); el agente Manuel Genaro Méndez, y dos de los elementos estadounidenses. Momentos posteriores a la colisión, se giraron instrucciones verbales hacia el resto del personal en el sitio para prohibir la toma de fotografías y evitar la difusión de cualquier material sobre los extranjeros fallecidos.
Consecuencias jurídicas y alcance penal
El expediente sustenta los procesos judiciales iniciados en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y del extitular de la AEI, Guillermo Arturo Zuany Portillo. A nivel local, ambos exfuncionarios enfrentan imputaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que la FGR mantiene abiertas pesquisas federales para deslindar posibles delitos relacionados con la seguridad nacional y violaciones a la soberanía del país.
