• La petición para que declare Rafael Ojeda abre nuevas interrogantes sobre la cadena de mando; las menciones a Andy López Beltrán, Adán Augusto López y el entorno de Rubén Rocha Moya llevan la investigación hasta las aduanas, el poder político y los presuntos recursos que habrían llegado a la campaña presidencial de 2024.

Ernesto Madrid

La defensa de Fernando Farías Laguna pidió que el almirante Rafael Ojeda Durán comparezca ante un juez. La FGR lo citó, pero dice que no pudo localizarlo; tampoco, según la defensa, la Secretaría de Marina habría podido proporcionar un domicilio para ubicar al exsecretario. El dato podría parecer un problema administrativo. Pero cuando se trata del antiguo titular de la institución bajo cuya gestión operaron varios de los marinos y mandos aduanales hoy investigados por huachicol fiscal, la pregunta deja de ser menor.
Ante todo, el periodismo exige rigor. Y el rigor obliga precisamente a distinguir entre una acusación, un testimonio, una investigación y una responsabilidad acreditada. Pero también obliga a no esconder debajo de la alfombra los nombres que aparecen en los expedientes, las declaraciones de testigos y las líneas de investigación.
Porque el problema para el gobierno ya no es solamente lo que diga la oposición. El problema son las preguntas que están surgiendo dentro de investigaciones oficiales.
En las audiencias relacionadas con Farías Laguna, de acuerdo con su defensa, el Ministerio Público hizo referencia a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, a partir de testimonios vinculados con operaciones en Guaymas. La versión señala que, cuando un buque quedaba detenido, operadores podían invocar supuestamente el “visto bueno de Andy” para destrabarlo.
¿Prueba de una participación del hijo del expresidente? No. La FGR no lo ha acusado formalmente por estos hechos. ¿Un elemento que debe investigarse? Evidentemente.
Lo mismo ocurre con Rafael Ojeda. Que algunos de los procesados hayan pertenecido a la estructura de Marina durante su administración no acredita que el almirante conociera o participara en una operación ilícita. Pero sí hace razonable preguntar qué sabía la cadena de mando, qué controles existían y cómo una operación de esa dimensión pudo avanzar sin ser detectada.
Y ahí aparece otro nombre: Adán Augusto López.
El senador y exsecretario de Gobernación también ha sido mencionado públicamente por personas vinculadas con el caso. No existe por ello una responsabilidad penal acreditada. Pero si la investigación pretende llegar al fondo, ningún nombre debería quedar fuera simplemente por su cercanía con el poder.
La pregunta es mucho más amplia: ¿hasta dónde llegaba la red y quién podía garantizar que funcionara? Y vale recordar aquella frase, que pronuncio el propio ex presidente de manera sistemática: “en este país nada se mueve sin que el presidente lo sepa” o “nada de que el presidente no sabe o lo engañaron”.
Porque el huachicol fiscal no consiste únicamente en introducir combustible ilegal. Implica aduanas, puertos, funcionarios, permisos, logística, dinero y, sobre todo, capacidad para evitar que el Estado lo detenga.
Y cuando una operación así se extiende durante años, la responsabilidad no puede buscarse exclusivamente en el último eslabón de la cadena.
Rocha Moya y la ruta del dinero político
Aquí es donde el caso de Rubén Rocha Moya adquiere especial relevancia.
El gobernador con licencia de Sinaloa enfrenta investigaciones y señalamientos que también han llegado a autoridades estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas contundentes sobre las acusaciones formuladas desde Estados Unidos y ha defendido la legalidad de su campaña.
Hasta ahí, el argumento es jurídicamente correcto: una acusación no equivale a una sentencia. Pero el problema político comienza cuando la protección deja de limitarse a una defensa institucional y alcanza las preguntas sobre el origen del dinero y su posible destino.
Existen señalamientos e investigaciones estadounidenses que han vinculado al entorno de Rocha Moya con presuntos recursos ilícitos y con posibles aportaciones a la campaña presidencial de 2024. Entre los nombres mencionados aparece Jorge Antonio Cano Félix, familiar del gobernador, a quien se ha señalado como supuesto intermediario o aportante.
Nada de ello puede presentarse como un hecho probado mientras no exista una determinación judicial. Pero precisamente por eso la obligación del Estado es investigar, no descalificar de entrada.
Porque si la ruta del dinero del huachicol termina conectándose con operadores políticos, campañas electorales o estructuras de poder, ya no estaríamos hablando solamente de corrupción administrativa: estaríamos hablando de una amenaza directa a la democracia.
Y entonces la pregunta cambia de tamaño. Ya no es únicamente quién permitió entrar cargamentos de combustible. Es quién protegió la operación, quién recibió los beneficios y si parte de ese dinero terminó financiando poder político.
El viejo enemigo ya no alcanza
Durante años, la narrativa de la Cuarta Transformación encontró en Felipe Calderón, Genaro García Luna y los gobiernos anteriores una explicación casi universal para los males del país.
Pero este viernes Claudia Sheinbaum introdujo una precisión que resulta interesante: reconoció que Felipe Calderón no aparece como receptor de los recursos ilegales investigados por la UIF en la trama de García Luna, aunque sostuvo que eso no necesariamente significa que desconociera sus actividades delictivas.
Ese debería ser exactamente el estándar para todos. Ni que aparezca un nombre significa culpabilidad, ni que alguien esté cerca del poder significa inocencia automática.
Por eso resulta insuficiente responder a cada señalamiento con la palabra “montaje”, “cooperación sin subordinación”, “pruebas” en decenas de veces y/o “defensa de la soberanía””. Si hay expedientes, testimonios, solicitudes de extradición, investigaciones abiertas y movimientos financieros por revisar, la obligación es seguir la ruta del dinero y establecer responsabilidades.
No se trata de Morena contra el PAN. Ni de la 4T contra Calderón.
Se trata de algo mucho más elemental: quién utilizó al Estado para hacer posible un negocio ilegal y quién permitió que ese negocio pudiera tocar al poder político.
Quienes hemos visto cómo funcionan los gobiernos sabemos que las grandes bolsas de dinero no suelen moverse solas. Hay intermediarios, omisiones, protección y beneficiarios. Eso no permite señalar culpables sin pruebas; sí permite exigir que se investigue la cadena completa.
Y ahí está la verdadera prueba para la Cuarta Transformación.
Si realmente quiere demostrar que “no somos iguales”, tendrá que investigar, aunque la ruta termine cerca de sus propios personajes: Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Rafael Ojeda, Rubén Rocha Moya o cualquiera que aparezca en los expedientes, hasta el propio expresidente fundador del legado de la transformación.
Porque la corrupción no deja de ser corrupción cuando cambia de partido.
Y si la consigna es que “el pueblo manda”, entonces el pueblo también tiene derecho a saber quién sabía, quién permitió, quién se benefició y, sobre todo, quién decidió mirar hacia otro lado.
@JErnestoMadrid
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