Dos lecturas a bote pronto sobre el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa después de ciento doce días de estar separado del cargo con una licencia temporal aprobada por el Congreso de ese estado el pasado primero de mayo:

1. Que la FGR agotó, sin encontrar evidencia alguna, la investigación que dijo haría para corroborar la acusación que le fincó la Corte del Distrito Sur de Nueva York para solicitar su detención provisional en México con fines de extradición, de conspirar con Los Chapitos para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político (indictment S9 23 Cr. 180).

2. Que Rocha Moya decidió, con el aval legislativo estatal, regresar a concluir su mandato constitucional el 31 de octubre de 2027, confiado en que con pruebas o sin pruebas, quedará protegido y no será entregado a la justicia estadounidense por el gobierno federal, Morena y el grupo político de los cercanos a AMLO, del cual forma parte.

El caso, por desgracia para el país, no acaba de transparentarse, no sale de la opacidad y, por lo mismo, de las sospechas de encubrimiento desde el poder.

Rocha Moya, en el mensaje donde notificó su regreso, dijo que -político, al fin y al cabo- lo hacía “con la frente limpia y en alto”, después de ponerse “a la orden del sistema de justicia del país” y de que la FGR informara “en conferencia de prensa” que “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten su participación en conducta penal alguna”.

La Secretaría de Gobernación, sin embargo, emitió horas después un comunicado en el que señala que el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa “obedece a una decisión de carácter personal” y dice que “en su momento, la FGR informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las personas acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa”.

Entonces: ¿concluyó la investigación que lo exonera, según él sostiene o siguen abiertas carpetas de investigación de acuerdo con la SEGOB?

Por lo pronto, las dos posibles explicaciones del regreso de Rocha Moya igual generarán una airada reacción del gobierno de Estados Unidos y del propio Trump quien, de una u otra manera, se sentirá desafiado y sumará razones para la embestida por venir que un día sí y otro también delinea amenazante con sus declaraciones.

Ambas, también, comparten hechos recientemente ocurridos que, por lo pronto, no se ven relacionados, pero que ayudarán a aportar evidencia esclarecedora sobre los delitos de que se acusa al mandatario sinaloense o, de menos, servir como distractor.

Uno de esos hechos es la detención Fausto Corrales, chofer de Héctor Melesio Cuén, el gran adversario político de Rocha Moya, asesinado el día que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado para su posterior traslado a Estados Unidos. Según el capo del Cártel de Sinaloa, él, Rocha Moya y Cuén estaban convocados a la misma reunión del 25 de julio de 2024 en la hacienda Finca del Pedregal, el 25 de julio de 2024 en la que “El Mayo” fue privado de la libertad y Héctor Melesio asesinado. El chofer Corrales había avalado la versión, finalmente desmentida, de que Cuén habría sido asaltado y matado en una gasolinería. Lo que ahora diga al respecto podría ser crucial.

El otro de esos hechos es la llegada a México, expulsado por las autoridades argentinas, del ex contralmirante Fernado Farías Laguna acusado de operar una red criminal de huachicol fiscal en el que podría haber conexiones también con el Cártel de Sinaloa y eventualmente con el caso Rocha Moya, aunque por lo pronto, y después de la detención por ese mismo delito del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apel, no son pocos los panistas que deben andar preocupados. (rrodriguezangular@hotmail.com, raulrodriguezcortes.com.mx , @RaulRodriguezC ).