El Órgano Interno de Control interpuso seis denuncias penales por uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias, mientras que el instituto electoral presentó un recurso formal para indagar contratos clave de la elección judicial y credenciales de elector.

CIUDAD DE MÉXICO.— El Instituto Nacional Electoral (INE) y su Órgano Interno de Control (OIC) formalizaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de denuncias penales por presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas realizadas durante administraciones recientes, las cuales alcanzarían a exfuncionarios del más alto nivel, incluida la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

De acuerdo con la información notificada este viernes a la Cámara de Diputados por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, se interpusieron seis denuncias penales contra servidores, exservidores públicos del organismo y personas morales. Las acusaciones comprenden la probable comisión de delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.

Fuentes legislativas señalaron que entre los señalados en estas querellas figuran la propia Taddei Zavala —quien renunció recientemente tras señalamientos por presuntos vínculos personales y beneficios contractuales indebidos— y el contratista Alfredo Hernández Casillas.

A la par de las acciones penales, Carvente detalló que el OIC emplazó a ocho funcionarios y exfuncionarios, así como a una empresa, a audiencias iniciales por la presunta comisión de faltas administrativas graves. Dichos expedientes serán remitidos posteriormente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para determinar las sanciones correspondientes.

Red empresarial millonaria en la mira

Las acciones legales derivan de investigaciones previas sobre esquemas de contratación irregular. El pasado 30 de octubre, ante comisiones legislativas, el OIC expuso que entre 2014 y 2025 un conjunto de cinco empresas vinculadas entre sí —y asociadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas— simulaba competencia para captar contratos públicos, acumulando asignaciones por un monto total de 2 mil 461 millones de pesos a nivel de organismos públicos locales electorales (OPLE).

Por su parte, la directiva del INE emitió un comunicado respaldando el combate frontal a la corrupción. La institución precisó que acudió de manera independiente a la FGR para solicitar una investigación exhaustiva sobre contratos recientes, con énfasis en los servicios contratados para la organización de la elección del Poder Judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar con fotografía.

El organismo comicial subrayó que estas denuncias responden a su deber de salvaguardar los recursos públicos con una política de “cero tolerancia”, sin distinciones de cargos, jerarquías ni periodos de gestión.